Trabajadores de la delegacion de bienestar en Nayarit denunciaron que la delegada Patricia Urenda, tenia a su esposo como provedor de la delegaciòn pero lo que detonò su salida fue su mayuscula irresposnabilidad de enviar a servidores de la naciòn al campo de guerra en la sierra, sin protecciòn, mismo que fueron asaltados y encañoados y retenidos por la delincuencia organizada.
Por: La Redacciòn
Tepic, Nayarit; viernes, 13 de febrero del 2026.- Tras el escándalo destapado en la delegación de la Secretaría de Bienestar en Tabasco —que obligó a la presencia sorpresiva de la titular nacional, Ariadna Montiel— la “voladora” alcanzó a varias delegaciones del país. Una de ellas fue Nayarit, donde creció con fuerza el rumor de que a la delegada Martha Patricia Urenda Delgado se le habría exigido su renuncia, luego de una cascada de quejas formales e internas de trabajadores sindicalizados, Servidores de la Nación y operadores UBAS, quienes desde hace meses denunciaban malos tratos, abusos de poder y presuntos manejos irregulares dentro de la delegación.
Entre las irregularidades más señaladas destaca el uso de vehículos oficiales sin rotulación —a diferencia del resto del parque vehicular de Bienestar— que presuntamente eran utilizados para fines ajenos al servicio público. De acuerdo con los testimonios, dichas unidades habrían servido para repartir pedidos de un negocio particular propiedad de la delegada, una cafetería denominada “Izali”, ubicada en una zona de alto nivel económico en Ciudad del Valle en Tepic. A la par, proveedores comenzaron a elevar quejas directamente ante oficinas centrales debido a adeudos millonarios acumulados, mientras al interior de la delegación se repetía el discurso de una institución “pobre” y sin recursos, lo que levantó sospechas sobre posibles fugas de dinero cuyo destino nadie ha podido explicar.
El desorden administrativo también impactó directamente en la operación diaria. El pasado lunes, decenas de trabajadores fueron obligados a laborar sin servicio de internet debido a un corte por falta de pago, lo que les impidió acceder a los sistemas oficiales. Ante esta situación, personal fue presionado para utilizar su propio servicio de datos o pagar de su bolsillo para poder cumplir con las metas, una práctica que generó indignación y evidenció el abandono administrativo bajo el que operaba la delegación.
El conflicto escaló cuando se reveló que uno de los proveedores de la delegación estaría directamente ligado al círculo familiar de Urenda Delgado, ya que su esposo presuntamente cobra servicios de agua y refrescos a través de un tercero, simulando una relación comercial externa. A ello se suma uno de los señalamientos más graves: el presunto saqueo de recursos en las áreas de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, donde trabajadores habrían sido obligados a firmar y comprobar viáticos irregulares que, en conjunto, superarían el millón de pesos. Como “compensación”, a algunos se les habría permitido quedarse con montos mínimos, aun sabiendo que el dinero ingresaría a sus cuentas personales, dejándolos expuestos ante Hacienda.
La situación se tornó insostenible tras hechos que pusieron en riesgo directo la vida de trabajadores, al ser enviados a zonas de alta peligrosidad sin acompañamiento de seguridad federal, lo que derivó en asaltos y el robo de dos camionetas oficiales. Pese a ello, Urenda Delgado optó por asumirse como víctima, denunciando una supuesta “guerra sucia” y confrontando a la prensa en redes sociales, mientras al interior de Bienestar Nayarit se reportó el retiro apresurado de documentos y movimientos para dejar a personal de su absoluta confianza en puestos clave. Hoy, trabajadores denuncian que la delegación permanece “secuestrada”, mientras crece la exigencia de auditorías, investigaciones y sanciones ejemplares.
