El presidente municipal de Acaponeta, Manuel Ramón Salcedo Osuna, enfrenta una denuncia formal por el delito de amenazas interpuesta por la periodista Ilia Gamboa, quien lo acusa de una serie de actos de intimidación y acoso
Por: La Redacciòn
Tepic, Nayarit; jueves, 19 de febrero del 2026.- Derivado de la querella, la Agencia de Investigación Criminal emitió el pasado 11 de febrero de 2026 medidas de protección contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellas la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. Gamboa afirmó que cuenta con evidencia documentada de los hechos y sostuvo públicamente: “Cualquier cosa que me pase, responsabilizo al presidente municipal”.
En paralelo al conflicto con la comunicadora, el SUTSEM denunció que la administración municipal mantiene una deuda superior a los 21 millones de pesos derivada del incumplimiento del convenio laboral desde 2021. De acuerdo con el sindicato, los adeudos incluyen salarios, prestaciones y compromisos contractuales que no han sido cubiertos en tiempo y forma.
Los trabajadores señalaron que actualmente laboran bajo protesta y que, pese a haber mostrado disposición al diálogo para calendarizar los pagos y no afectar las finanzas del Ayuntamiento, no han recibido una propuesta formal que garantice el cumplimiento de los compromisos. Acusaron además que quienes han exigido públicamente el pago han sido objeto de presuntas presiones, hostigamiento e intimidaciones.
El sindicato también exigió al Cabildo, al síndico y a los regidores revisar el manejo presupuestal de la administración municipal, así como autorizar los dictámenes de jubilación de empleados con más de 30 años de servicio, los cuales —afirman— permanecen detenidos sin justificación clara. Esta situación, advierten, no solo vulnera derechos laborales adquiridos, sino que genera incertidumbre entre decenas de familias que dependen de esos ingresos.
Asimismo, el SUTSEM anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía por posibles intimidaciones y presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, al considerar que la falta de pago no puede justificarse sin una explicación financiera transparente. No descartaron el estallamiento de una huelga si no se atienden sus demandas, al sostener que “los hechos valen más que mil palabras”.
Hasta el momento, el alcalde no ha emitido un posicionamiento público respecto a los señalamientos tanto de la periodista como del sindicato. Mientras las investigaciones avanzan, el caso mantiene bajo escrutinio a la administración municipal de Acaponeta y abre un debate sobre la responsabilidad institucional, la protección a periodistas y el respeto a los derechos laborales en el municipio.
