Nota de opinión por: Justino Rodriguez
Tepic, Nayarit; sàbado, 21 de marzo del 2026.- La política, en su expresión más noble, suele debatirse entre la urgencia de las necesidades sociales y la frialdad de los números. Hoy, con la llegada de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México, se ha marcado un punto de inflexión necesario: gobernar no es solo un acto de voluntad, sino de profunda responsabilidad frente a los límites reales del presupuesto.
Desde mi perspectiva, esta visión no solo es correcta, sino urgente. Gobernar implica entender que cada decisión tiene un impacto financiero y social, y que la improvisación termina costando caro a la ciudadanía.
En ese sentido, coincido con lo que ha expresado el gobernador de Nayarit, quien ha sido claro al señalar que:
“Atender las causas sociales exige decisiones serias, sostenibles y con un alto sentido de Estado. No se trata de prometer por agradar, sino de construir soluciones que realmente transformen la vida de la población.”
Este enfoque no es menor. Significa pasar de una política basada en ocurrencias a una basada en responsabilidad.
También ha sostenido que:
“La justicia social no puede ser efímera; para que un derecho sea permanente, su financiamiento debe ser sólido.”
Esa frase resume uno de los mayores retos de cualquier gobierno: cómo garantizar derechos sin comprometer el futuro financiero.
En Nayarit, según lo planteado por el propio Ejecutivo estatal, se están impulsando modelos que buscan romper con la inercia del gasto irresponsable y apostar por la creación de valor público. Entre ellos destacan:
• El Fondo de Ahorro de las y los Trabajadores del Estado
• El Fondo Soberano Nuevo Nayarit
Sobre estos instrumentos, el gobernador ha señalado que:
“El patrimonio público no debe ser un botín, sino un motor de inversión con sentido social para las próximas generaciones.”
Desde mi punto de vista, este tipo de planteamientos abren la puerta a una discusión más profunda: la necesidad de alinear la política social con la disciplina financiera. No basta con tener buenas intenciones; se requiere estructura, planeación y visión de largo plazo.
Respaldar esta forma de gobernar —más allá de colores o afinidades— implica apostar por el orden, la transparencia y la sostenibilidad.
Como también se ha dicho desde el gobierno estatal:
“La austeridad y la eficiencia no son fines, sino herramientas para liberar recursos y atender a quienes más lo necesitan.”
Al final, lo que está en juego no es solo el presente, sino la viabilidad del futuro. Gobernar con orden no es una opción: es una obligación.
Y, en mi opinión, es también una forma de ser verdaderamente leales al pueblo.
