El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley bipartidista que pone fin al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el cual se prolongó durante 76 días, convirtiéndose en el más largo en la historia de esta dependencia federal.
Sin embargo, la legislación aprobada excluye el financiamiento para dos de las principales agencias encargadas de la seguridad migratoria: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ambas instituciones, creadas en 2003 bajo la administración de George W. Bush en el contexto de la lucha contra el terrorismo, quedarán sin recursos tras la entrada en vigor de la ley.
El recorte presupuestal fue impulsado por legisladores demócratas en respuesta a operativos migratorios realizados en estados como California y Minnesota, los cuales generaron fuertes críticas y protestas. La controversia aumentó tras la muerte de dos personas en Minneapolis durante manifestaciones relacionadas con estas redadas.
El cierre parcial del DHS comenzó el 14 de febrero, luego de que se retirara el financiamiento a la dependencia. Durante este periodo, Kristi Noem fue destituida el 5 de marzo por Trump y sustituida por Markwayne Mullin, quien posteriormente fue ratificado por el Senado.
El proyecto de ley, aprobado por el Senado el mes pasado y ratificado por la Cámara de Representantes el 30 de abril, permitirá reanudar las operaciones de áreas clave del DHS, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio Secreto, responsables de la seguridad en aeropuertos y de la protección del presidente y otros altos funcionarios.
A pesar del restablecimiento parcial de funciones, la exclusión de ICE y CBP deja en incertidumbre el futuro de los agentes migratorios y fronterizos en Estados Unidos.
