Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron operativos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa que derivaron en el aseguramiento de cinco laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.
Durante las acciones, las autoridades también localizaron un terreno con metanfetamina y aseguraron miles de litros y kilos de precursores químicos empleados en la producción de narcóticos, lo que representa una afectación económica superior a los 650 millones de pesos para grupos criminales.

En Corralejo, Sinaloa, personal naval encontró un laboratorio clandestino donde aseguró aproximadamente mil 500 litros de droga terminada, 2 mil 500 litros de químicos, más de 3 mil litros de sustancias de uso mixto y mil 200 kilos de sosa cáustica.
Asimismo, en Corral Viejo, también en Sinaloa, fuerzas federales desmantelaron otro laboratorio donde aseguraron mil 250 litros de droga, mil kilos de cloruro de amonio y diversos utensilios utilizados para la fabricación de metanfetamina. En el sitio también fueron localizados 500 litros de ácido acético, mil 500 kilos de ácido tartárico y 75 kilos de otras sustancias químicas.
En un tercer operativo realizado en la misma zona, autoridades federales localizaron otro laboratorio clandestino con cerca de mil kilos de producto terminado, parte de ellos en proceso de secado y cocimiento, además de metanol, sosa cáustica, ácido tartárico y herramientas para la producción de drogas sintéticas.

En total, las autoridades neutralizaron casi 10 mil litros de precursores químicos y más de siete toneladas de sustancias químicas y producto en proceso.
Todo el material asegurado fue inhabilitado y quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará las carpetas de investigación correspondientes.
Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia conjunta para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas, proteger a la población y debilitar las operaciones financieras de grupos delictivos.







