La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta busca prevenir que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada sean postuladas a cargos de elección popular.
Por: Agencias
Ciudad de Mèxico; viernes, 22 de mayo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este jueves 21 de mayo la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde se dieron a conocer nuevas propuestas en materia electoral y de seguridad.
Durante la conferencia, el Gobierno federal anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo de crear mecanismos que permitan a los partidos políticos consultar información de seguridad sobre aspirantes a candidaturas para las elecciones estatales y municipales de 2027.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta busca prevenir que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada sean postuladas a cargos de elección popular.
“Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027 (…) para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, señaló.
La iniciativa contempla la creación de una “Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”, la cual dependería del Instituto Nacional Electoral (INE). Este organismo serviría como enlace entre los partidos políticos y distintas autoridades de seguridad e inteligencia.
Entre las instituciones que participarían en el intercambio de información se encuentran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con el Gobierno federal, la participación de los partidos políticos en este mecanismo sería voluntaria y permitiría identificar posibles riesgos razonables relacionados con vínculos delictivos antes de registrar candidaturas.
