La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a 39 servidores públicos de diversas dependencias federales por la comisión de faltas administrativas graves y no graves, imponiendo inhabilitaciones, suspensiones, amonestaciones públicas y sanciones económicas.
Por: Agencias
Ciudad de México; lunes, 15 de junio del 2026.- Entre los casos más relevantes destacan cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes fueron inhabilitados por periodos de hasta 20 años y sancionados con una multa solidaria de mil 192.5 millones de pesos. Las sanciones derivan de la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión considerados innecesarios para la prestación del servicio eléctrico.
Asimismo, un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla fue inhabilitado por 10 años por obtener un beneficio económico indebido mediante la venta de guías de mensajería. Otra trabajadora del IMSS en Celaya, Guanajuato, fue inhabilitada por un año por exigir y recibir de manera ilícita 15 mil pesos.
La dependencia también sancionó a personal del Banco del Bienestar por irregularidades en operaciones bancarias, así como a un servidor público del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), quien fue inhabilitado por ocho años y multado con 4.9 millones de pesos por realizar depósitos a su cuenta personal y no devolver un vehículo oficial.
En total, 17 servidores públicos fueron sancionados por faltas graves, mientras que 22 recibieron sanciones por faltas no graves. Entre estos últimos se encuentran trabajadores del IMSS, Guardia Nacional, INDEP, Pemex, Secretaría de Cultura, Procuraduría Agraria, Tren Maya, Profeco, CNBV, Finabien, SAT y ASA.
Las medidas disciplinarias incluyeron inhabilitaciones de hasta un año, suspensiones de entre seis y 30 días, así como amonestaciones públicas por conductas relacionadas con negligencia médica, incumplimiento de obligaciones administrativas, documentación irregular y omisiones en procesos de entrega-recepción.
Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno busca fortalecer la rendición de cuentas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en la administración federal.
