Malos funcionarios de la fiscalía como el AMP Ricardo Saavedra y el juez oral del Tribunal Superior de Justicia Fabián Bernal Muñoz, en contubernio de un abogado de Guadalajara de nombre Samuel, quien convenció y motivo para que atrajeran el caso a Nayarit girando una orden de aprehensión y ser trasladados a Nayarit desde nuestro natal estado de Sonora
Señor gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, Señora fiscal Ludmila Heredia, Señor Edgar Román Salazar Carrillo presidente del TSJN, no permita que la fiscalía de Nayarit se convierta en una simple agencia de cobranza de una empresa de Arizona de EUA
Advertimos que no es el único caso de estos en Nayarit, hay más agricultores presos por motivos similares lo que apunta a que existe todo un entramado legal para manejar estos jugosos asuntos
Por: La Redacciòn
Tepic, Nayarit; martes, 30 de junio del 2026.- Familiares de agricultores originarios del estado de Sonora, denuncian la detenciòn arbitraria o ilegal llevada a cabo por funcionarios judiciales pertenecientes al poder judicial del estado Nayarit, presuntamente incitados o motivados a realizar dichos actos por un abogado de Guadalajara mismo que no da la cara, de nombre Samuel , denuncian familiares de agricultores, quien dicen cuenta con el suficiente poder o ingerencia para motivar a que un asunto que le compete al estado de Sonora, sea atraido a nuestro estado, de manera ilegal y sin competencia legal para ello, asi lo dejan en claro en el video que hicieron llegar a este diario los afectados, que a la letra dice “Mi nombre es Lorena, Soy esposa del señor Jesús Gildardo Soto Barraza, quien actualmente junto con su padre GILDARDO SOTO MADRID, Y UNA JOVEN TRABAJADORA DE NOMBRE, Quienes se encuentran privados de su libertad aquí en Tepic, Nayarit y a disposición de un juez en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit. Comparezco públicamente con mucho respeto, pero también con una enorme preocupación, para solicitar la intervención humanitaria, institucional y urgente del señor Gobernador del Estado, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero; de la Fiscal General del Estado, maestra Elvia Ludmila Heredia Verdugo; y del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, maestro Edgar Román Salazar Carrillo.
Hago este video para denunciar públicamente hechos que consideramos muy graves y que, respetuosamente, pedimos sean investigados.
Mi esposo y toda nuestra familia somos agricultores del estado de Sonora. Nunca hemos hecho negocios con personas de Nayarit. Nunca habíamos estado en este estado. El único problema que tuvimos fue una controversia por un supuesto adeudo con una empresa norteamericana, del estado de Arizona, cuyo domicilio legal se encuentra en los Estados Unidos. Esa empresa no tiene relación con el estado de Nayarit.
A pesar de ello, el jueves pasado mi esposo, Jesús Gildardo Soto Barraza; su padre, Jesús Gildardo Soto Madrid; el señor Gildardo Soto Evelyn; y una trabajadora de nuestra empresa, Gissell Valenzuela Medina, fueron detenidos en Sonora por agentes de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, quienes ejecutaron una orden de aprehensión librada por un juez oral de Ixtlán del Río.
Después de ser detenidos fueron trasladados desde Sonora hasta Nayarit.
Lo que ocurrió después es lo que más nos preocupa y nos hace pensar que algo no esta bien con estos hechos.
porque sucedió, que al llegar a Nayarit no fueron ingresados inmediatamente al CERESO. Primero fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Tepic, donde permanecieron durante varias horas.
Mientras se encontraban ahí, llegó un abogado, del que únicamente sabemos que se llama Samuel y que es originario de Guadalajara.
Ese abogado les dijo que representaba a una empresa a la que supuestamente le debían dinero y que, si no pagaban 600 mil dólares, permanecerían detenidos y terminarían en la cárcel.
Todo esto, según nos relataron nuestros familiares, ocurrió dentro de las instalaciones de la propia Fiscalía, a donde se permitido ingresar a este abogado y tener control sobre nuestros famimiliares incluso antes de ser ingresados a la penal, es decir, todo el tiempo que estuvieron ahí, fue para que llegara ese supuesto abogado, que incluso llamó por teléfono al representante legal de la empresa norteamericana quien se encuentra alla y posteriormente comunicó la llamada con mi esposo para demostrar que efectivamente representaba a dicha empresa.
Mi esposo le respondió que ese era un asunto de carácter mercantil y que ellos no debían esa cantidad.
La respuesta que recibió fue que entonces ya no serían seiscientos mil dólares, sino setecientos mil dólares, y que más les valía llegar a un acuerdo porque, de lo contrario, la cantidad seguiría aumentando y ellos permanecerían en prisión.
Como esposa, escuchar esto fue devastador.
Nuestros familiares fueron sacados de su estado de origen, trasladados a cientos de kilómetros de su casa y separados completamente de nosotros. lejos de sus, documentos, testigos que pueden demostrar su inocencia.
Cuando llegué al CERESO de Tepic para tramitar el permiso de visita, me informaron que no podían autorizarla porque todavía no aparecían registrados oficialmente en el sistema del penal. Lo que nos preocupó aun mas porque Ellos llegaron desde el viernes y hoy es lunes. Aún no aparecen registrados.
Eso nos genera una enorme incertidumbre sobre su seguridad y sobre las condiciones en las que se encuentran.
Mientras otras familias pueden visitar a sus seres queridos, nosotros, que viajamos desde Sonora, ni siquiera hemos podido verlos.
La única comunicación que hemos tenido fue mediante una llamada telefónica.
Fue ahí donde ellos nos dijeron que dentro del penal había otras personas provenientes de distintos estados que permanecían privadas de la libertad porque, según les comentaban, no habían podido pagar las cantidades que les exigían abogados relacionados con empresas que reclamaban supuestas deudas.
Por eso hoy sentimos miedo.
Sentimos impotencia.
Y sentimos que algo muy grave puede estar ocurriendo.
Nos preocupa profundamente que instituciones del Estado puedan estar siendo utilizadas para presionar el pago de controversias entre particulares que, en todo caso, deberían resolverse por la vía mercantil.
Precisamente por eso pedimos que se investigue.
Queremos saber cómo una familia de agricultores de Sonora, que nunca ha tenido negocios en Nayarit, termina siendo requerida por un juez de este estado por un conflicto relacionado con una empresa extranjera establecida en los Estados Unidos, con la que se contrató en sonora.
Con esta denuncia pública no buscamos privilegios.
No pedimos un trato especial.
No pedimos impunidad para nadie.
Lo único que pedimos es que se investiguen estos hechos con absoluta transparencia, que se investigue al ministerio público y al juez de Ixtlán, incluyendo la actuación de cualquier persona que pudiera estar utilizando indebidamente las instituciones públicas para favorecer intereses particulares.
Pedimos que se revise cómo se obtuvo esta competencia, cómo se ejecutó esta detención y qué ocurrió dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
Confiamos en que las máximas autoridades de Nayarit actuarán con imparcialidad y permitirán que se conozca la verdad.
Como esposa, como madre y como integrante de una familia trabajadora, sólo quiero volver a ver a mi esposo y tener la certeza de que la justicia actuará conforme a la ley.
Muchas gracias.
