Aquila, Michoacán. La Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula denunció un nuevo ataque armado presuntamente perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la Encargatura de la Mina de la Providencia, ubicada en el municipio de Aquila.
De acuerdo con un comunicado emitido por la comunidad, un grupo de hombres armados irrumpió en la localidad y disparó contra un comunero que se desempeña como empleado del Ayuntamiento de Aquila en labores de fontanería. La víctima se encontraba realizando su jornada de trabajo al momento de la agresión y, según el reporte, resultó gravemente herida.
La Guardia Comunal respondió al ataque y logró repeler la agresión. Sin embargo, la identidad del comunero lesionado fue reservada por motivos de seguridad.
La comunidad recordó que los últimos hechos violentos en la región ocurrieron a finales de mayo de 2026 y señaló que células del CJNG mantienen presencia en la zona costa-sierra de Michoacán, principalmente en Huitzontla, municipio de Chinicuila, así como en distintos puntos de Coalcomán. Además, aseguró que parte del armamento utilizado por el grupo criminal ingresa desde el estado de Colima.
En el documento, los comuneros sostienen que desde 2020 el cártel ha impulsado el desplazamiento forzado de familias mediante asesinatos y desapariciones, situación que, afirman, ha sido favorecida por la insuficiente respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad.
El pronunciamiento fue dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como a medios de comunicación y organismos defensores de derechos humanos.
Entre sus principales demandas, la comunidad reiteró la instalación de una Base de Operaciones Interinstitucional en la localidad de Los Parejos, municipio de Chinicuila, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán. Indicaron que esta solicitud ha sido presentada desde hace más de dos años sin recibir respuesta por parte de las autoridades.
Asimismo, exigieron el desmantelamiento del CJNG, el cese de la presunta protección que, aseguran, brindan funcionarios y mandos policiales corruptos al grupo criminal, la localización con vida de comuneros desaparecidos y el esclarecimiento de 42 homicidios atribuidos a la violencia en la región.
Finalmente, la Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula pidió respeto a la autonomía de su sistema de seguridad comunitaria y el fin de la violencia contra los pueblos originarios.
