Puerto Rico determinara que la demanda presentada por su expareja, Carliz de la Cruz Hernández, por el uso no autorizado de su voz en dos de sus canciones, cuenta con fundamentos suficientes para continuar en los tribunales.
La resolución no significa que el cantante haya perdido definitivamente el caso, pero sí impide que la demanda sea desestimada y ordena que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan analice el fondo del litigio.
El origen de la disputa
La controversia comenzó en 2015, cuando Carliz de la Cruz Hernández, entonces pareja de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, grabó desde su teléfono celular la frase “Bad Bunny, baby” a petición del artista. Según el expediente judicial, ambos buscaban crear un sello distintivo para la identidad musical del cantante.
Con el paso del tiempo, esa grabación fue utilizada en la canción “Pa’ ti” (2017), junto a Bryant Myers, y posteriormente volvió a aparecer en “Dos mil 16”, tema incluido en el exitoso álbum Un verano sin ti (2022). La demandante también sostiene que su voz fue utilizada como introducción en diversos conciertos del artista en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana sin contar con una autorización por escrito.
La oferta que no llegó a un acuerdo
De acuerdo con la demanda, un día antes del lanzamiento de Un verano sin ti, representantes de Bad Bunny ofrecieron a De la Cruz Hernández 2 mil dólares para adquirir los derechos sobre la grabación. Sin embargo, las partes no lograron llegar a un acuerdo y el álbum fue publicado al día siguiente con la frase incluida.
Reclama 40 millones de dólares
En marzo de 2023, Carliz de la Cruz Hernández, actualmente abogada, presentó una demanda contra Bad Bunny y Rimas Entertainment en la que solicita una indemnización de al menos 40 millones de dólares.
La demandante argumenta que se vulneraron sus derechos de imagen, sus derechos morales de autor y que sufrió daños y perjuicios debido al uso de su voz sin su consentimiento ni el reconocimiento correspondiente.
¿Qué sigue?
Tras la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el caso regresará al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde se analizarán las pruebas y se determinará si existió una violación a los derechos alegados por la demandante y, en su caso, si procede el pago de una indemnización.
