El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue arbitraria, por lo que recomendó su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación conforme al derecho internacional.
En un dictamen fechado el 4 de junio, el organismo señaló que la detención de Castillo vulneró diversos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, determinó que la privación de su libertad careció de una base legal suficiente y cuestionó las condiciones en las que fue detenido, así como la falta de una justificación individualizada para mantenerlo en prisión preventiva.
La ONU también consideró que el exmandatario no contó con las garantías necesarias para un juicio justo e instó al Estado peruano a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de su detención y a adoptar medidas contra los responsables de las presuntas violaciones a sus derechos.
Además, solicitó al Gobierno peruano informar, en un plazo de seis meses, las acciones emprendidas para cumplir con las recomendaciones emitidas en el dictamen.
Pedro Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, tras anunciar el cierre del Congreso en un intento fallido de alterar el orden constitucional. Posteriormente fue procesado y, el 27 de noviembre de 2025, un tribunal lo condenó a 11 años y cuatro meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La sentencia fue apelada y aún no ha quedado firme.
Desde su encarcelamiento, la defensa del exgobernante ha presentado seis solicitudes de indulto, todas rechazadas debido a que el proceso judicial continúa en instancias superiores. No obstante, el pasado 25 de junio ingresó una nueva solicitud de gracia presidencial, la cual es evaluada por la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. La petición busca que el Ejecutivo aplique una facultad prevista en la Constitución peruana para personas condenadas sin sentencia firme.
Por su parte, el presidente interino, José María Balcázar, señaló que cualquier decisión sobre una eventual gracia presidencial deberá contar con sustento jurídico y constitucional.
Tras difundirse el dictamen de la ONU, Castillo pidió a las autoridades peruanas acatar de inmediato la resolución. En un mensaje publicado en su cuenta de X, hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a las autoridades judiciales para que implementen las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
El exmandatario afirmó que ignorar el pronunciamiento internacional profundiza la persecución política en su contra y coloca al Estado peruano en una situación de incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Actualmente permanece recluido en el penal de Barbadillo, donde también han estado encarcelados otros expresidentes del país.
