La fiscalía destapa una red criminal que secuestró ayuntamientos completos; suman 85 funcionarios detenidos, pero el caso más escalofriante es el del edil de Temoac, ultimado en su despacho justo cuando las investigaciones lo señalaban como pieza clave.
Por: Agencias
Ciudad de Mèxico; mièrcoles, 29 de julio del 2026.- La Operación Enjambre ya no es una simple pesquisa: se ha convertido en la purga más agresiva contra la clase política municipal en décadas. Con siete presidentes municipales en activo tras las rejas, el mensaje del gobierno federal es brutal: nadie con placa o banda presidencial está por encima de la ley.
El epicentro de la tormenta está en Morelos, donde la captura de Jesús Corona Damián (Cuautla) y Agustín Toledano Amaro (Atlatlahucan) ha dejado al estado sumido en un caos político. Ambos fueron arrestados en operativos relámpago por su presunta alianza con Los Aparicio y Los Azules, grupos que han convertido la extorsión y el cobro de piso en su modus operandi.
Pero el golpe más macabro tiene nombre propio: Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, no fue detenido porque ya estaba muerto. El 22 de julio de 2026, mientras la Fiscalía afinaba la orden de aprehensión en su contra, un comando armado irrumpió en su oficina y lo acribilló. Las autoridades no lo dudan: fue un ajuste de cuentas para silenciarlo antes de que confesara sus nexos.
“Lavín Romero sabía demasiado y sus socios criminales le cerraron la boca con plomo”, declaró una fuente cercana a la investigación bajo anonimato.
Pero el entramado va más allá: en Puebla, el apellido González Vieyra se ha vuelto sinónimo de impunidad municipal. Los alcaldes de Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires —tres hermanos en el poder— cayeron uno tras otro como fichas de dominó, acusados de operar una franquicia de extorsión que abarcaba desde comerciantes hasta transportistas.
La fiscalía federal ha detallado que, en total, 85 funcionarios y exfuncionarios han pisado el penal en los últimos meses, en lo que muchos califican como “la guerra sucia que el crimen organizado perdió en los ayuntamientos”.
EL DATO ESCALOFRIANTE: Los alcaldes detenidos no eran meros testaferros. Según los expedientes, cobraban un “diezmo” mensual por permitir que el narco operara patrullas, rutas de venta de droga y hasta la desviación de recursos públicos para financiar células criminales.
Mientras Morelos y Puebla sangran políticamente, el gobierno federal ya prepara las siguientes órdenes de captura. “Esto apenas comienza”, sentenció Omar García Harfuch, titular de Seguridad.
