El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el ciudadano estadounidense Loyd Walter Hall, de 27 años, acusado de encabezar un esquema de tráfico de armas en beneficio del Cártel de Sinaloa, organización que el gobierno estadounidense considera una organización terrorista extranjera.
Por: Agencias
Internacional; vernes, 31 de julio del 2026.- De acuerdo con las autoridades, un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas emitió una acusación de 12 cargos contra Hall, quien enfrenta imputaciones por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir drogas destinadas a su importación a Estados Unidos, posesión de armas de fuego para facilitar el narcotráfico y por realizar declaraciones falsas a un comerciante de armas.
En la investigación también fueron señalados como presuntos cómplices los ciudadanos mexicanos Jesús Quezada Meza y Omar Velázquez, así como la estadounidense Catlynn Ann Townsend.
Según el Departamento de Justicia, entre 2024 y 2026, Hall y sus colaboradores mantuvieron contacto con un integrante del Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua, desde donde presuntamente suministraron armas de fuego, asesoría técnica y orientación para evadir la vigilancia y las acciones de las autoridades estadounidenses.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Hall coordinó estas actividades con otros participantes identificados y no identificados, fortaleciendo la capacidad operativa del grupo criminal.
De ser declarado culpable, Hall podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, mientras que Quezada Meza y Velázquez alcanzarían penas de hasta 15 años de prisión, y Townsend una condena de cinco años, todas en prisiones federales.
El anuncio ocurre en medio de las crecientes exigencias del gobierno mexicano para que Estados Unidos refuerce el combate al tráfico ilegal de armas, considerado uno de los principales factores que fortalecen a los grupos del crimen organizado en México.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que este caso representa un paso importante para desmantelar las redes de tráfico de armas que, dijo, “alimentan la violencia de los cárteles” en ambos lados de la frontera.
