Bajo el lema “¡Justicia para Samara!”, familiares, amigos y personas cercanas a Lucía Samara González Tovilla difundieron un llamado público para exigir que se revise su situación jurídica y se garantice el debido proceso.
Por: Mildra Benitez Robledo
Tepic, Nayarit; lunes, 07 de septiembre del 2026.- González Tovilla cuenta con antecedentes en la administración pública municipal de Tepic. En marzo de 2024 fue presentada como directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tepic).
Documentos oficiales del Ayuntamiento de Tepic también la identifican como jefa del Departamento de Salud del DIF Tepic, cargo desde el cual participó en la operación de programas sociales y de atención a la población.
De acuerdo con el mensaje difundido por personas que respaldan a Samara, el caso se habría originado a partir de un conflicto con su expareja y una acusación relacionada con presunto daño moral.
El pronunciamiento cuestiona que un conflicto entre dos personas que anteriormente mantuvieron una relación haya terminado con una mujer privada de su libertad y sostiene que, desde la perspectiva de sus allegados, la situación pudo haberse atendido mediante otras vías.
“Hoy no estamos aquí para pedir privilegios. Estamos aquí para pedir justicia”, señala el mensaje, en el que también se destaca la trayectoria de González Tovilla como mujer trabajadora, madre y servidora pública que, de acuerdo con sus simpatizantes, durante años ha brindado atención y acompañamiento a niñas, niños, mujeres y familias.
En el ámbito jurídico, el Código Civil para el Estado de Nayarit contempla el daño moral como la afectación que una persona puede sufrir en sus sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación o vida privada, y establece que su reparación puede realizarse mediante una indemnización económica.
No obstante, hasta el momento no se localizó públicamente una resolución judicial que permita establecer con precisión cuáles son los hechos que se le imputan a González Tovilla, la autoridad que ordenó su privación de la libertad, el estado actual del procedimiento o las medidas cautelares que, en su caso, se hayan impuesto.
Por ello, cualquier señalamiento sobre su responsabilidad deberá esperar a que las autoridades competentes determinen lo conducente, respetando el principio de presunción de inocencia.
Mientras tanto, sus familiares y personas cercanas mantienen el llamado “¡Justicia para Samara!”, y solicitan que su caso sea atendido con estricto apego a la legalidad y a sus derechos humanos.
