El Gobierno de España abrió la posibilidad de suspender los servicios de TikTok en el país, luego de que una investigación periodística identificara más de mil videos con material de abuso sexual infantil dentro de la plataforma, situación que ha generado preocupación por la protección de niñas, niños y adolescentes.
El Ministerio de Juventud e Infancia remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que intervenga y adopte las medidas necesarias ante los hechos documentados por la organización Maldita.es.
De acuerdo con la investigación publicada este lunes, se identificaron más de mil videos con contenido de abuso sexual infantil explícito. Como parte del trabajo, la organización denunció ante TikTok una muestra de 50 publicaciones que, en conjunto, acumulaban 8.8 millones de visualizaciones y más de 148 mil reacciones.
Sin embargo, la respuesta de la plataforma generó cuestionamientos, pues únicamente retiró cinco de los videos denunciados, equivalente al 10 por ciento, mientras que otros 13 fueron bloqueados solamente en España.
Además, el 6 por ciento de los reportes no recibió respuesta y el 58 por ciento restante fue considerado por TikTok como contenido que no infringía sus normas ni la legislación. No obstante, más de la mitad de estos últimos videos fueron retirados durante las 72 horas posteriores a las denuncias.
Ante esta situación, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitó una reunión urgente con representantes de TikTok en España para conocer sus explicaciones, las medidas implementadas y las acciones inmediatas que contempla la empresa para garantizar la seguridad de los menores.
El Ministerio calificó los hechos como de extrema gravedad y advirtió sobre posibles deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos, así como en los sistemas de recomendación de la plataforma, que podrían facilitar la difusión de este material.
Por ahora, la posible suspensión de TikTok se mantiene como una medida planteada por las autoridades, mientras se espera la intervención de la Fiscalía y las explicaciones de la empresa.
El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de la infancia y la necesidad de reforzar los controles para impedir la circulación de contenido de explotación sexual infantil.
