En uno de los escándalos políticos y financieros más impactantes de América Latina, el expresidente paraguayo Santiago Peña terminó destituido de su cargo y bajo prisión preventiva, luego de que la crisis de Ueno Bank detonara una investigación judicial por el manejo de recursos públicos y presuntos beneficios personales.
Por: Agencias
Paraguay; mièrcoles, 11 de Noviembre del 2026.- La caída política del exmandatario ha sacudido a Paraguay. El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, ordenó que Peña permanezca bajo prisión preventiva mientras enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.
¡CASI TRES MILLONES DE CLIENTES EN MEDIO DE LA TORMENTA FINANCIERA!
El desplome de Ueno Bank, institución que llegó a tener aproximadamente 2.94 millones de clientes, desató una crisis de enormes dimensiones.
La investigación fiscal apunta a que durante el gobierno de Peña se habrían colocado, renovado y mantenido importantes cantidades de recursos públicos en la institución financiera, pese a los vínculos económicos y corporativos que el entonces presidente habría tenido con el grupo empresarial propietario del banco.
La Fiscalía sostiene que Peña habría intervenido para favorecer la permanencia de esos recursos en la institución. El exmandatario niega haber cometido irregularidades y tiene derecho a defenderse durante el proceso.
¡LA JUSTICIA ALCANZA TAMBIÉN A OTROS EXFUNCIONARIOS!
El escándalo no termina con la caída de Peña. También fue imputado el expresidente del Banco Central paraguayo, Carlos Carvallo, mientras las investigaciones alcanzan a directivos y otras personas relacionadas con el conglomerado financiero.
La dimensión del caso ha puesto bajo escrutinio el destino de los recursos públicos, las inversiones de entidades previsionales y la responsabilidad de quienes debían vigilar el funcionamiento del sistema bancario.
UNA CRISIS QUE DEJA UNA PREGUNTA DEMOLEDORA: ¿QUIÉN RESPONDERÁ POR LOS AHORROS Y LA CONFIANZA DE MILLONES DE PARAGUAYOS?
El caso Ueno Bank ya no es solamente un problema financiero: se ha convertido en una crisis política, institucional y judicial que amenaza con dejar una profunda huella en Paraguay.
La prisión preventiva no equivale a una sentencia condenatoria; las responsabilidades penales deberán determinarse en juicio.
