En un operativo sin precedentes en la historia reciente de la autonomía electoral mexicana, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) intervinieron —con orden judicial— las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Viaducto Tlalpan.
Por: Agencias
Ciudad de México; sàbado, 14 de Noviembre del 2026.- Durante más de 18 horas continuas, desde el miércoles 11 hasta la madrugada del jueves 12 de noviembre, elementos ministeriales revisaron áreas clave del organismo en busca de documentación relacionada con presuntas irregularidades administrativas, sobreprecios y simulación de licitaciones.
La diligencia colocó bajo escrutinio judicial el ejercicio presupuestal realizado entre 2019 y 2024, un periodo que abarca el cierre de la presidencia de Lorenzo Córdova al frente del Consejo General y el inicio de la gestión de Guadalupe Taddei.
Las entrañas del cateo: ¿Qué buscaban los agentes?
De acuerdo con reportes de medios nacionales y fuentes ministeriales, la diligencia se concentró en las áreas operativas y financieras del Instituto —la Dirección Ejecutiva de Administración, la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) y la Coordinación Nacional de Comunicación Social—, sin involucrar el padrón electoral ni procesos comiciales.
La FGR recabó expedientes, dictámenes técnicos y oficios centrados en cuatro rubros bajo investigación:
Vigilancia privada y posibles sobrecostos: Contratos y adjudicaciones directas para el resguardo de inmuebles en todo el país, donde se indaga un presunto inflamiento de costos e incumplimiento en el número de elementos contratados.
Contratos tecnológicos en la UTSI: Arrendamiento de equipo de cómputo, licencias de software y sistemas de ciberseguridad, ante denuncias por presunta simulación de competencia entre proveedores.
Convenios de difusión: Campañas publicitarias y producción audiovisual en Comunicación Social con observaciones previas por inconsistencias en la comprobación de entregables.
Obra y mantenimiento: Remodelaciones en oficinas centrales y juntas distritales bajo revisión financiera.
El choque político y las posturas institucionales
El despliegue de la FEMDO en la sede del árbitro electoral provocó un intenso debate político. Mientras sectores de oposición advirtieron sobre el riesgo de presión hacia la autonomía del Instituto, representantes oficialistas defendieron la actuación ministerial señalando que ningún órgano autónomo está exento de rendir cuentas. En paralelo, en la discusión pública y los círculos de análisis resurgieron los señalamientos sobre las disputas por el control interno y las redes de influencia en torno a la cúpula del Instituto, que involucran tanto la herencia administrativa de Lorenzo Córdova como el entorno cercano a la actual presidencia de Guadalupe Taddei, incluido Alfredo Hernández Casillas.
Por su parte, la FGR subrayó que la carpeta de investigación se integró a partir de denuncias presentadas por el propio Órgano Interno de Control (OIC) del INE y por particulares, ejecutándose en estricto apego a un mandato judicial. En respuesta, el INE informó mediante un comunicado oficial que brindó todas las facilidades para el desahogo de la diligencia, precisó que los contratos requeridos corresponden a ejercicios pasados ya sujetos a revisión fiscalizadora y garantizó que los datos personales de la ciudadanía y la operatividad institucional permanecen intactos.
