El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SJCN) desestim\u00f3 declarar la acci\u00f3n de inconstitucionalidad del art\u00edculo 142, fracci\u00f3n I, de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, que permite a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) acceder a informaci\u00f3n bancaria sin previa autorizaci\u00f3n de un juez.<\/p>\n\n\n\n
Por: Agencias<\/p>\n\n\n\n
Ciudad de M\u00e9xico; mi\u00e8rcoles, 22 de mayo del 2024.- Si bien una mayor\u00eda de seis integrantes del Pleno se pronunciaron en favor del sentido del proyecto que presento la ministra Margarita R\u00edos Farjat, que propon\u00eda la declaratoria general de inconstitucionalidad, al no haberse alcanzado los ocho votos necesarios para tal efecto, el asunto fue desestimado, es decir, concluy\u00f3 sin que la SCJN emitiera dicha declaratoria.<\/p>\n\n\n\n
Los magistrados que se opusieron al proyecto fueron Lenia Batres, Javier L\u00e1ynez, Jorge Pardo, Yasm\u00edn Esquivel Mossa y Loretta Ortiz. Por el contrario, la ministra presidenta Norma Lucia Pi\u00f1a, Margarita R\u00edos Farjat, Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n, Alfredo Guti\u00e9rrez, Luis Mar\u00eda Aguilar y Juan Luis Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara, votaron a favor de invalidar la facultad de la FGR.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de las declaratorias generales de inconstitucionalidad se expulsan del sistema jur\u00eddico las normas generales no tributarias contrarias a los derechos humanos previstos en la Constituci\u00f3n Federal y los tratados internacionales, con el fin de mantener su congruencia, evitar desigualdades y garantizar una administraci\u00f3n de justicia pronta y expedita.<\/p>\n\n\n\n
El 25 de enero de 2023, la Primera Sala de la SCJN, al resolver el amparo en revisi\u00f3n 58\/2021, declar\u00f3 la inconstitucionalidad del precepto aludido, al considerar que vulnera el derecho a la privacidad, en su vertiente de secreto bancario, porque permite al Ministerio P\u00fablico solicitar informaci\u00f3n financiera de una persona sujeta a investigaci\u00f3n penal, a fin de comprobar la comisi\u00f3n de un delito o la probable responsabilidad penal, sin someter dicha petici\u00f3n a la autorizaci\u00f3n de una persona juzgadora, lo que es contrario al art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n Federal<\/p>\n\n\n\n
El alto tribunal precis\u00f3 en ese entonces que, de permitirse al ministerio p\u00fablico solicitar informaci\u00f3n bancaria de una persona sujeta a una investigaci\u00f3n penal sin que tenga intervenci\u00f3n una autoridad judicial, ello se traducir\u00eda en una vulneraci\u00f3n al derecho a la privacidad. Por lo tanto, para que una intromisi\u00f3n a la vida privada de las personas sea acorde con los par\u00e1metros constitucionales y convencionales, es necesaria la intervenci\u00f3n y supervisi\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n
Dicho amparo fue resuelto el a\u00f1o pasado en la Sala por mayor\u00eda de cuatro votos, motivo por el cual constituy\u00f3 jurisprudencia por precedente obligatorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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