Washington, 30 de mayo de 2025 — La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de manera temporal al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus legal de más de 532 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes contaban con permisos de permanencia bajo el programa de libertad condicional humanitaria (CHNV) instaurado durante la administración de Joe Biden.
El fallo del máximo tribunal, que se dio este viernes, levanta una orden de un tribunal inferior que impedía al gobierno poner fin a estas protecciones humanitarias. Aunque la decisión es temporal, permitirá al gobierno avanzar en la cancelación de los permisos mientras el caso continúa en litigio en una corte de apelaciones.
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson manifestaron su desacuerdo con la decisión. Jackson advirtió que levantar la orden “facilitaría un sufrimiento humano innecesario” antes de que se resuelvan los aspectos legales del caso. Criticó que la mayoría considere de “interés público” permitir que las vidas de más de medio millón de migrantes “se desmoronen”.
Esta medida se enmarca en una ofensiva más amplia del presidente Trump para restringir la inmigración, uno de los pilares de su campaña de reelección para 2024. Tras asumir su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional a cancelar todos los programas de libertad condicional, incluyendo el CHNV, que permitía a migrantes acceder legalmente a EE. UU. por un periodo de dos años mediante un patrocinador.
A raíz de esta decisión, el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Kristi Noem, anunció en marzo la terminación oficial del programa. Las libertades condicionales vigentes expiraron el pasado 24 de abril.
No obstante, un grupo de 23 migrantes, incluyendo beneficiarios del CHNV, junto a una organización sin fines de lucro, presentaron una demanda contra la cancelación del programa. Un juez federal en Massachusetts había emitido una orden para detener temporalmente la revocación, lo que fue revertido por la reciente decisión de la Corte Suprema.
Esta controversia es independiente de otras disputas legales relacionadas con el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos, medida que también ha sido cuestionada en los tribunales.
