El Gobierno de Venezuela presentó denuncias formales ante la alianza OPEP+ y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), acusando a Estados Unidos de ejercer “amedrentamiento” y de intentar apropiarse de las reservas petroleras del país.

En una carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a los miembros de la OPEP+ —y divulgada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez— el mandatario alertó sobre un presunto interés estadounidense de emplear “fuerza militar letal” contra el territorio venezolano. Según Maduro, este escenario pone en riesgo la estabilidad de la producción petrolera y el mercado energético global.

El Gobierno también acudió ante la OACI para denunciar la supuesta vulneración de su espacio aéreo, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado en su totalidad”. Caracas respondió asegurando que solo el INAC tiene autoridad sobre dicha regulación y calificó el anuncio como carente de fundamento legal.

La tensión se incrementa mientras varias aerolíneas internacionales mantienen suspendidas sus operaciones en Venezuela, aunque algunas compañías regionales continúan volando con normalidad. Al mismo tiempo, Trump confirmó haber sostenido una conversación reciente con Maduro, aunque evitó ofrecer detalles.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el anuncio sobre el cierre del espacio aéreo, calificándolo como “completamente ilegal”, y pidió a la OACI abordar el asunto. También instó a la Unión Europea a normalizar los vuelos hacia y desde Venezuela.

En medio de la creciente tensión, el operador turístico ruso Pegas Touristik anunció que redirigirá a Cuba a los viajeros que tenían previsto visitar Venezuela debido a la “potencial amenaza” derivada del conflicto entre Caracas y Washington. Autoridades de Guyana y Trinidad y Tobago aseguraron que el tránsito aéreo en sus espacios continúa sin alteraciones.

Por otra parte, el Parlamento venezolano anunció la conformación de una comisión especial para investigar muertes de ciudadanos venezolanos en ataques realizados por Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, operaciones en las que han fallecido al menos 83 personas de varias nacionalidades, según datos divulgados por Washington.