Nayarit ha sido señalado por casos de desapariciones forzadas que se presume fueron entre 2014 y 2017, mismas que han sido señaladas por la ONU y ocurrieron en el sexenio de Roberto Sandoval Castañeda ex gobernador de Nayarit

Por: Arcelia García Ortega

Tepic, Nayarit; jueves, 09 de abril del 2026.- Se sabe que González Barrios ha venido denunciando de manera reiterada hechos de tortura, secuestros y desapariciones vinculados a la administración de Sandoval y la Fiscalía de Nayarit, presentando múltiples denuncias y declaraciones ante la Fiscalía General de la República y medios de comunicación. Y por su parte, los diferentes colectivos de familiares de desaparecidos denunciaron ante la ONU las desapariciones forzadas perpetradas en Nayarit en el 2017, fecha en que aún gobernaba Roberto Sandoval y estaba como fiscal Edgar Veytia.

“Roberto Sandoval  está en la cárcel por cuestiones que no tienen que ver con secuestro ni con desaparición forzada, sin embargo,  aquí en Nayarit hay cientos de desaparecidos y se está acreditando, hay una investigación federal a petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para que se investigue la desaparición de más de 39 personas”, declaró Rodrigo González Barrios; Vocero de la Comisión de la Verdad en Nayarit, en agosto del 2021. Y recientemente, en sus redes sociales advirtió que el exgobernador podría enfrentar en los próximos días un proceso penal por este grave delito, luego que la ONU lanzó presión a México para que se aclaren las desapariciones forzadas.

Rodrigo Gonzàlez Barrios vocero de la comisiòn de la verdad

El fenómeno de desapariciones forzadas en México ha sido señalado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que lo describe como un problema generalizado y sistemático en varias regiones del país, derivado de la colusión entre autoridades y crimen organizado, y de la impunidad persistente. Según lo declarado en su conferencia mañanera, por la presidenta Claudia Sheinbaum, el informe del comité analizó cuatro estados entre 2009 y 2017, incluyendo Nayarit, -precisamente durante la administración de Sandoval y Veytia-.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la gravedad de las desapariciones en el país y ha reiterado el compromiso de su gobierno para garantizar justicia a las víctimas, fortalecer las instituciones y coordinar esfuerzos con las fiscalías, siempre bajo los principios del debido proceso.

González Barrios, recordó que recientemente un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia de siete años de prisión contra Sandoval por fraude. Durante las audiencias públicas, señaló, la defensa del exmandatario emprendió una campaña de desacreditación contra el juez, respaldada por la cobertura mediática, y posteriormente extendió sus ataques hacia la fiscalía. Tras la emisión de la sentencia, el propio Sandoval responsabilizó al exgobernador Antonio Echevarría García por su situación legal.

En el proceso federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, González Barrios indicó que Sandoval solicitó enfrentar el juicio en libertad, pero la petición fue negada. Añadió que la primera denuncia ciudadana contra él, presentada en abril de 2017 ante la Fiscalía General de la República, fue por enriquecimiento ilícito, y a partir de ahí se evidenciaron sus agravios tanto contra autoridades locales como federales.

El vocero de la Comisión de la Verdad enfatizó que, aunque Sandoval tiene derecho a un juicio justo, no puede intimidar o amenazar a los jueces, y advirtió que los delitos locales y federales que ya enfrenta, aunque graves, no se comparan con la magnitud del delito de desaparición forzada, por el cual podría ser imputado próximamente.

González Barrios insistió en que, si bien Sandoval continúa defendiendo su situación legal, las investigaciones por desaparición forzada podrían derivar en nuevas imputaciones que complicarían aún más su situación jurídica.