La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este lunes que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar los recursos federales transferidos a los municipios, y no a las auditorías estatales.
Por: Agencias
Ciudad de México; martes, 14 de abril del 2026.- La decisión se dio tras anular parte de la revisión realizada por el Congreso de Tlaxcala al municipio de Contla de Juan Cuamatzi, donde se habían detectado presuntas irregularidades por más de 8.3 millones de pesos provenientes de fondos federales.
Por unanimidad, el Pleno avaló el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, derivado de la controversia constitucional 245/2025 promovida por el municipio. En su resolución, la Corte concluyó que tanto el Congreso estatal como su Órgano de Fiscalización Superior vulneraron la libre administración hacendaria municipal al auditar recursos federales sin contar con un convenio de coordinación con la ASF, como lo establece la Constitución.
Ortiz Ahlf explicó que la Carta Magna delimita claramente las competencias en materia de fiscalización: la ASF es la encargada de revisar los recursos federales ejercidos por cualquier ente, incluidos los municipios, mientras que los órganos locales solo pueden auditar recursos de carácter estatal.
El informe anulado —en lo relativo a aportaciones federales— correspondía al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024 y señalaba irregularidades por más de 8.37 millones de pesos en fondos como el FISM, FORTAMUN y participaciones federales.
La ministra precisó que, en caso de que el Congreso de Tlaxcala emita un nuevo decreto sobre la cuenta pública del municipio, deberá apegarse a lo resuelto por la Corte, aunque el órgano fiscalizador estatal podrá continuar con investigaciones dentro de su ámbito de competencia.
Cabe destacar que la SCJN mantiene pendiente la resolución de un caso similar en Guerrero, donde autoridades estatales y el Congreso local mantienen una disputa con el municipio de Acapulco por presuntas irregularidades en el manejo de 898 millones de pesos de recursos federales.
