La Comisión Anticorrupción solicitará información a 69 dependencias y contratos de 12 empresas presuntamente vinculadas al gobernador.
Por: Agencias
Monterrey, Nuevo León; sàbado, 27 de junio del 2026.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de la etapa de investigación y diligencias dentro del procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.
Como parte del proceso, la Comisión acordó solicitar informes de actividades a 69 dependencias estatales y federales, además de requerir copias certificadas de los contratos celebrados con 12 empresas presuntamente vinculadas al mandatario estatal, las cuales son investigadas por una posible triangulación de recursos.
La decisión fue aprobada durante la sesión celebrada este viernes por mayoría de votos. Únicamente un legislador de Movimiento Ciudadano votó en contra, mientras que el representante del Partido Verde se abstuvo.
De acuerdo con el acuerdo aprobado, las dependencias involucradas contarán con seis días hábiles, a partir del 27 de junio, para remitir la documentación solicitada al Congreso local.
En materia de defensa, la Comisión también solicitó a la Dirección del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León la designación de un defensor público para el gobernador, luego de que éste manifestara carecer de representación legal. La dependencia deberá notificar la designación en un plazo de tres días.
El procedimiento de juicio político fue promovido el pasado 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, acompañada por representantes y aspirantes a la gubernatura del partido, quienes acusaron al titular del Ejecutivo estatal de presuntos actos de triangulación de recursos públicos, peculado y corrupción.
La solicitud fue turnada con carácter urgente a la Comisión Anticorrupción el 10 de junio, y dos días después, el 12 de junio, se aprobó el inicio formal del procedimiento.
Posteriormente, el 23 de junio, Samuel García presentó un escrito de defensa Ad Cautelam integrado por casi 250 páginas, en el que expresó su inconformidad con el proceso, solicitó que algunos integrantes del procedimiento se excusaran de participar y pidió la asignación de un defensor público.
Si el procedimiento avanza conforme a los plazos establecidos, el dictamen podría ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de Nuevo León durante el mes de agosto. Para que el juicio político proceda se requerirá el voto favorable de al menos 28 de los 42 diputados que integran la Legislatura local.
En caso de obtener la mayoría calificada, el Congreso notificará al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, instancia que determinará las acciones legales correspondientes conforme a sus atribuciones.
