El padre politico de la presidenta municipal Geraldine Ponce y su gerente Alejandro Galvan, esta nuevamente en serios problemas legales ya que le fue negado un Amparo relacionado con la desaparicion de 90 millones de pesos cuando fue gobernador
Por: Arcelia García Ortega
Tepic, Nayarit; jueves, 24 de septiembre del 2026.- El exgobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, recibió un nuevo revés judicial luego de que un Juzgado de Distrito en Tepic le negara el amparo promovido contra una orden de aprehensión relacionada con una investigación por el presunto manejo irregular de 89 millones 473 mil 448.57 pesos.
La resolución corresponde a uno de los expedientes derivados de la orden de aprehensión emitida el 9 de noviembre de 2022, por los delitos de probable ejercicio indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos, de acuerdo con los antecedentes judiciales y reportes publicados sobre el caso.
El asunto había regresado al Juzgado de Distrito después de que un Tribunal Colegiado ordenara reponer el procedimiento. En febrero de este año, el órgano colegiado detectó diversas inconsistencias en la documentación remitida para analizar el amparo, entre ellas páginas faltantes, problemas de foliado y documentos incompletos.
Una vez corregido el trámite, el expediente volvió a ser analizado y la justicia federal determinó nuevamente negar la protección solicitada por el exmandatario.
La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en facturas de proveedores del Gobierno de Nayarit. De acuerdo con los reportes judiciales, algunos de los proveedores mencionados habrían negado haber realizado las operaciones asentadas en esos documentos.
La orden de aprehensión contra González Sánchez fue dada a conocer en noviembre de 2022 por la Fiscalía General del Estado de Nayarit. En ese momento, la Fiscalía informó que la investigación correspondía a hechos ocurridos durante la parte final de la administración de González, quien gobernó Nayarit de 2005 a 2011.
El exgobernador ha promovido diversos recursos legales para combatir las acciones judiciales en su contra. La negativa de este amparo no representa una sentencia definitiva sobre su responsabilidad penal, sino que mantiene vigente la situación jurídica derivada de la orden de aprehensión que fue materia del juicio de amparo.
El caso forma parte de las investigaciones iniciadas contra exfuncionarios de la administración estatal 2005-2011 por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
