La fotografía que coloca juntos a Donald Trump Jr., Brad Parscale, Andy Rivas y Fernando Cerimedo vuelve a poner bajo la lupa los vínculos políticos y empresariales del entorno MAGA en Bolivia.
Por: Agencias
Internacional; jueves, 01 de octubre del 2026.- Una fotografía difundida por la abogada boliviana Nadia Beller abrió un nuevo frente de controversia alrededor de Fernando Cerimedo, consultor político argentino detenido e investigado en Bolivia. En la imagen aparecen Cerimedo, Donald Trump Jr., Brad Parscale y Andy Rivas, una coincidencia que Beller considera relevante frente a las investigaciones que actualmente rodean al asesor.
Beller sostiene que detrás de la actividad política desarrollada por estos operadores en América Latina podrían existir intereses empresariales relacionados con combustible y otras operaciones en Bolivia. Su señalamiento cobra especial relevancia porque, según medios bolivianos, la propia Beller ha entregado a la Fiscalía audios, conversaciones, fotografías y documentación que, afirma, involucran a Cerimedo con decisiones dentro de YPFB, la petrolera estatal boliviana.
YPFB, el combustible y FUTURA, en el centro de las acusaciones
Uno de los puntos más delicados de las denuncias es el supuesto papel que Cerimedo habría desempeñado dentro de YPFB. Beller ha difundido audios en los que atribuye al consultor capacidad para intervenir en la designación y salida de funcionarios. Medios bolivianos han reportado también otro audio en el que presuntamente Cerimedo habla de su influencia sobre cargos dentro de la empresa estatal.
Pero las acusaciones van más allá de los nombramientos.
Beller afirma haber presentado material relacionado con FUTURA, empresa vinculada —según sus declaraciones— al suministro de combustible a Bolivia. En ese contexto menciona presuntas comisiones para Brad Parscale y operaciones relacionadas con el almacenamiento del combustible, conocido como tancaje.
De acuerdo con Beller, las conversaciones que entregó a las autoridades apuntarían a una estructura en la que diferentes personas tendrían funciones relacionadas con el negocio del combustible. Estas afirmaciones forman parte de una investigación y deberán ser corroboradas por las autoridades mediante peritajes, documentos financieros y demás pruebas.
La conexión con Trump Jr. y Parscale
La fotografía adquiere una dimensión política por la presencia de Donald Trump Jr. y Brad Parscale, este último conocido por su trabajo en las campañas de Donald Trump.
El Washington Post reportó recientemente que Cerimedo mantenía conexiones con operadores políticos estadounidenses y que en febrero de 2026 recibió un reconocimiento en Mar-a-Lago, donde agradeció públicamente a Parscale. El diario también describió a Cerimedo como un consultor que había trabajado con candidatos conservadores en distintos países latinoamericanos.
Por ello, Beller formula una pregunta de fondo: ¿se trató únicamente de una estructura de asesoría electoral o existieron posteriormente intereses económicos alrededor de quienes participaron en esas operaciones políticas?
Esa pregunta, sin embargo, no constituye por sí misma una prueba de una operación ilegal.
Una investigación que rebasa la política electoral
El caso ha adquirido una dimensión todavía mayor porque Beller declaró recientemente ante un juez como testigo protegido dentro de una investigación relacionada con presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Su abogado informó que entregó su teléfono celular, documentos sobre YPFB y grabaciones que, según él, podrían ser sometidas a peritajes para corroborar sus declaraciones.
El episodio también se desarrolla en medio de una controversia diplomática: medios bolivianos reportaron que Estados Unidos restringió el ingreso del fiscal general Roger Mariaca, quien estaba relacionado con investigaciones que alcanzan a Cerimedo. Beller cuestionó públicamente esa decisión y planteó si existe presión internacional sobre las pesquisas.
La pregunta que queda sobre la mesa es de enorme alcance: si las acusaciones de Beller son corroboradas documentalmente, ¿hasta dónde llegó la influencia de operadores políticos extranjeros dentro del aparato estatal boliviano y qué intereses económicos pudieron acompañar esa influencia?
Por ahora, son acusaciones y líneas de investigación, no hechos judicialmente establecidos. Pero los audios, chats, fotografías y documentos que Beller afirma haber entregado a la Fiscalía colocan bajo una lupa particularmente incómoda la relación entre política, consultoría internacional, combustible y poder estatal en Bolivia.
