La Casa Blanca y medios estadunidenses han percibido la publicación original de Musk como una referencia a una antigua teoría de conspiración entre los supremacistas blancos.
La Casa Blanca condenó este viernes a Elon Musk, propietario de la plataforma de redes sociales X y la persona más rica del mundo, por efectuar una “aborrecible promoción” del antisemitismo. Refiriéndose a una publicación de Musk en X, anteriormente llamado Twitter, en la que respalda una teoría de la conspiración antisemita, el vocero de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que era “inaceptable” repetir una “mentira tan espantosa”.
“Condenamos en los términos más enérgicos esta aborrecible promoción del odio antisemita y racista, que va en contra de nuestros valores fundamentales como estadunidenses”, dijo Bates. “Todos tenemos la responsabilidad de unir a la gente contra el odio y la obligación de hablar en contra de cualquiera que ataque la dignidad de sus compatriotas estadounidenses y comprometa la seguridad de nuestras comunidades”.
La reacción de la Casa Blanca refería a una publicación de Musk en la que el controvertido magnate de Tesla y SpaceX respondió a una publicación antisemita en X con las palabras: “Has dicho la verdad real
La Casa Blanca y medios estadunidenses han percibido la publicación original como una referencia a una antigua teoría de conspiración entre los supremacistas blancos de que los judíos tienen un plan secreto para traer migrantes ilegales con el fin de debilitar a las mayorías blancas. La idea fue promovida, entre otros, por quien, en 2018, atacó a balazos una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh, asesinando a 11 personas.
“Es inaceptable repetir en cualquier momento la horrible mentira que está detrás del acto de antisemitismo más fatal en la historia de Estados Unidos, y mucho menos un mes después del día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto”, dijo Bates, refiriéndose al ataque del grupo islamista palestino Hamás en Israel.
Gobierno de EU abre investigación en siete universidades por antisemitismo e islamofobia
Las autoridades de la educación en Estados Unidos abrieron investigaciones sobre casos de antisemitismo e islamofobia en siete universidades muy prestigiosas, cuyos campus se vieron profundamente sacudidos por reacciones de estudiantes ante el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás.
El Departamento de Educación señaló en un comunicado de prensa que siete instituciones, incluido un grupo estudiantil en el estado de Kansas, son objeto de lo que constituye la primera tanda de investigaciones de este tipo que las autoridades educativas realizan desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, el 7 de octubre. Cinco investigaciones se refieren a acusaciones de “acoso antisemita” y otras dos a “acoso islamófobo”, precisaron las autoridades.
“El odio no tiene cabida en nuestras universidades, punto”, afirmó el secretario de Educación, Miguel Cardona, en la nota de prensa.
Tres instituciones de élite de la costa este de Estados Unidos —las universidades de Columbia, Cornell y Pensilvania— están especialmente preocupadas por el asunto, subrayó el Departamento. Cardona recordó que los establecimientos “deben actuar para garantizar entornos educativos seguros e inclusivos, donde todos sean libres de aprender”, y donde los estudiantes “estén protegidos del odio y la discriminación”.
A finales de octubre, la Casa Blanca ya había advertido sobre el “aumento alarmante de incidentes antisemitas en escuelas y campus universitarios” desde el 7 de octubre. Tierra de activismo, los campus universitarios estadunidenses han sido objeto de numerosas controversias en torno al conflicto, incluso en la prestigiosa Harvard, donde un comunicado de prensa propalestino firmado por asociaciones de estudiantes provocó la indignación en líderes políticos, algunos de los cuales los acusaron de antisemitismo.
En la universidad de Columbia, dos asociaciones de estudiantes que pedían un alto el fuego en Gaza fueron suspendidas por la universidad, acusadas de haber pronunciado “discursos amenazantes e intimidaciones”.
Estas investigaciones de las autoridades, basadas en la legislación contra la discriminación adoptada durante el movimiento por los derechos civiles en los años 1960, pueden conducir al recorte de los subsidios federales recibidos por los establecimientos, o incluso derivar en una investigación penal.
