El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó el inicio de una investigación contra varios ex colaboradores del ex ministro Arturo Zaldívar por atentar contra la independencia judicial, falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos e irregularidades de carácter administrativo.
Por: Agencias
Ciudad de Mèxico; sàbado, 13 de abril del 2024.- La indagatoria se deriva de una denuncia anónima presentada contra el ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y más 20 personas que fueron sus colaboradoras, incluyendo al actual Jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación y ex Secretario Técnico del Consejo de la Judicatura, Carlos Antonio Alpízar Salazar.
Alpízar fue en su momento Secretario Técnico del CJF.
Además, se señala a la actual Consejera de la Judicatura Federal, cercana al presidente López Obrador, Celia Maya García; mientras que uno de los presuntos beneficiarios por estas conductas indebidas sería el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
En el acuerdo emitido por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del CJF se aclara que, a pesar de que en la denuncia se imputa directamente al ex ministro Zaldívar, la Judicatura carece de competencia para investigar y sancionar al expresidente de la Suprema Corte, por lo que la indagatoria se va centrar en sus principales ex colaboradores entre 2019 y 2022, cuando era titular del Poder Judicial Federal (PJF).
El documento de 15 páginas, cuya autenticidad fue confirmada por Aristegui Noticias, señala que una denuncia anónima, la cual consta de 32 páginas, fue enviada a la UGIRA para denunciar presuntas conductas contrarias a la ley de Zaldívar y su equipo “por hechos que –se dice– tuvieron verificativo entre 2019 y 2022”.
Por lo anterior, se inició el expediente J/108/2024 para definir y confirmar si se cometieron actos “que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa”.
El acuerdo firmado de manera electrónica por la ministra presidenta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advierte lo siguiente:
En consecuencia, ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del PJF, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados.
Otros ex funcionarios mencionados en la denuncia son Netzaí Sandoval Ballesteros, actual coordinador de ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama; la Consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García; el ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), Edgar Manuel Bonilla del Ángel; el magistrado federal, Jaime Santana Turral, exsecretario en la Comisión de Disciplina del Consejo; y la ex contralora del Poder Judicial y recién nombrada Auditora Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arely Gómez González.
El titular de la UGIRA, Herbert Torres Coello, aclaró que aún cuando la denuncia incluye a Zaldívar, actual colaborador de la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum; el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para indagar y sancionar al ex ministro, de acuerdo con la Ley Orgánica del PJF.
Sin embargo, se notifica a la Suprema Corte del inicio de la investigación por parte de la UGIRA para que defina lo que corresponde, conforme a sus propias atribuciones.
Tras la precisión de que deberá ser la propia Corte quien investigue a Zaldívar, se ordena el inicio de la investigación y se otorgan a la UGIRA “las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas”.
Con la indagatoria, se busca “establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado”.
En una primera reacción, el ex ministro Arturo Zaldívar calificó la investigación como una “cacería de brujas, una revancha y una venganza” por parte de la ministra Norma Lucía Piña.
“Me parece que esto es un hecho inédito, nunca se había abierto una investigación así; menos a un expresidente de la Corte ni a tantas personas que han servido al Poder Judicial y es una cacería de brujas; me parece muy grave que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar, veo que hay preocupación en la oficina de la Ministra Piña por el resultado de la próxima elección, que supongo que lo dan ya por descontada. Y entonces tratan de hacer este tipo de recursos muy bajos, que me parecen inadmisibles en un estado de derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial”.
