A pesar de que en papel México cuenta con medidas para afrontar la problemática, hay una discrepancia entre la ley y la realidad
Este 25 de abril, como cada año, se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el Maltrato Infantil, instituido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y durante el cuál se busca concientizar y denunciar los abusos y desatenciones de los que son objetos los menores de 18 años, incluyendo el maltrato físico o psicológico, el abuso sexual, negligencia y explotación de todo tipo, que pueden causar un daño a la salud, desarrollo y dignidad de los menores.
Actualmente, México cuenta con la normatividad para atender el maltrato infantil, sin embargo, el país ha fallado en la creación de políticas públicas en favor de la niñez.
De acuerdo con la coordinadora de la Línea de Investigación Institucional “Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Elisa Ortega Velázquez, el maltrato infantil se debe en parte al adultocentrismo.
Según la UNAM, este fenómeno se sostiene en la idea por parte de las instituciones sociales de que un niño es inferior a un adulto, lo que genera una relación asimétrica. Esta creencia se da al sostener que los niños son “seres incompletos e incapaces de pensar, sentir y tomar decisiones, y que su fragilidad, debilidad y vulnerabilidad, al igual que del joven, se asocian al orden natural”.
Además de la edad, existen factores como el género que crean aún más vulnerabilidad. Las niñas son más propensas a sufrir abuso sexual y ser víctimas de trata sexual. De acuerdo con la OMS, una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales entre los cero y 17 años.
A pesar de que en papel México cuenta con medidas para afrontar la problemática, de acuerdo con la experta Elisa Ortega hay una discrepancia entre la ley y la realidad.
“En México se necesitan políticas públicas en favor de la niñez que puedan realizarse y hacerse efectivas a través de su asignación correspondiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque sin los recursos suficientes para hacer realidad estos derechos la protección de la niñez se queda solamente a nivel discursivo y demagógico”, reitera la experta.
Según Elisa, la protección de las niñas, niños y adolescentes no es una prioridad del Estado, tal vez “porque ellos no votan”, lo que genera que se destine poco presupuesto a programas que atiendan de manera integral la niñez.
Un ejemplo de esta acción es la iniciativa de reforma legislativa que pretende fusionar 18 organismos y entidades federales, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Lo que de acuerdo con defensores de la infancia, sería contrario al derecho internacional de los derechos humanos, especialmente a la Convención sobre los Derechos del Niño.
