Un juez vinculó a proceso a seis servidores públicos municipales de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su probable responsabilidad en los delitos de tortura sexual y abuso de autoridad en contra de dos mujeres periodistas y otras personas.
Por: Agencia
Ciudad de México; viernes, 19 de julio del 2024.- El asunto es litigado por la fiscalía general de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Las periodistas agredidas son de Enlace Noticias, medio de comunicación en el estado de Puebla. Un juez de control con residencia en Puebla, determinó que los más de 100 datos de prueba presentados por la FEADLE, de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), eran idóneos y eficaces para establecer que los cinco elementos de la policía municipal, y un juez calificador, presuntamente cometieron el delito de tortura en perjuicio de cuatro personas, dos de ellas periodistas.
Los delitos se cometieron cuando las 4 víctimas fueron detenidas y castigadas física y psicológicamente a través de actos tendientes a intimidarlas, discriminarlas y obtener información durante su detención de manera ilícita.
Los policías municipales procesados fueron identificados como Abel Sánchez, Víctor Valenzuela, Alberto Huertero, José Tapia y Mariela Maravilla; así como del juez calificador: Jesús Venancio.
Los actos de tortura fueron agravados por haberse realizado tortura sexual y por cometerse con la finalidad de castigar la libertad de expresión de las víctimas. Igualmente, los policías fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad por haber detenido arbitrariamente y sin causa justificada a las víctimas mientras realizaban su función periodística en el marco de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en Izúcar de Matamoros. la y los imputados ya habían sido vinculados a proceso por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad, en el mismo caso; mientras que Jesús Venancio, también vinculado, pero por usurpar funciones el día en que las víctimas fueron detenidas. El juzgador que lleva el caso determinó un plazo de investigación complementaria de dos meses.
