El ex magistrado del tribunal superior de justicia del estado de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, podría ser detenido de un momento a otro, ya que está acusado por los delitos graves de desaparición forzada, violación y tráfico de influencias por lo que podría pasar varios años en prisión

Por: Arcelia Ortega

Tepic, Nayarit; viernes, 22 de noviembre del 2024.- El ex director general de investigación ministerial de Nayarit, en tres sexenios, y ex subfiscal, Rodrigo Benítez Pérez, nombrado por el Congreso del estado, el 21 de septiembre del 2023, como Magistrado del Poder Judicial de Nayarit, perdió inmunidad a partir de este jueves que dejó de ser magistrado; la justicia federal que lo requiere, ahora sí, lo podrá llevar al banquillo de los acusados, por los delitos graves, de violación equiparada, tráfico de influencias y obstaculización de investigación del delito de desaparición forzada de 39 personas.

En un hecho histórico en el estado de Nayarit, en sesión ordinaria, el pleno del Congreso del estado, se erigió como Gran Jurado para en su caso, aprobar o desaprobar, el dictamen de juicio de procedencia contra el magistrado, Rodrigo Benítez Pérez, que se generó en la comisión especial de gran jurado sección  instructora, integrada por el diputado presidente, Salvador Castañeda Rangel, como presidente; el diputado, José Gómez Pérez como vicepresidente; la diputada, Adriana Elizabeth Haro, como secretaria, y diputado Ricardo Parras Tiznado, tras solicitar ministerios públicos federales especializados en investigación de casos de desaparición forzada, a la XXXIV Legislatura, el desafuero de Rodrigo, para poderlo llevar a juicio.

En la sesión los diputados y diputadas, escucharon la solicitud de los 4 ministerios públicos federales presentes en el pleno, el dictamen y los argumentos de defensa, de los dos abogados de Rodrigo Benítez Pérez. Ya con los detalles legales expuestos por las dos partes, 24 legisladores y legisladoras, votaron a favor del desafuero y 6 se abstuvieron de votar. Estos últimos, fueron los y las integrantes de la bancada del PAN y de la bancada del PRI; sorprendió la abstención de la diputada del PT, María Magdalena García.

Los abogados de Rodrigo, revelaron que su cliente solicitó un amparo a un juez federal del estado de Jalisco, solicitud que fue admitida y aún no se ha dictaminado si procede o no; reconocieron que la respuesta puede durar hasta seis meses con efectos restitutorios. Aunque existe la posibilidad de que tras la decisión de la XXXIV Legislatura, quede sin efecto la solicitud, reconoció uno de los abogados.

Insistieron que el Fiscal del estado, es quien tuvo que solicitar del procedimiento de juicio de procedencia contra el magistrado, Rodrigo Benítez Pérez por tratarse de delitos del fuero común.

Pero en ese sentido, los ministerios públicos federales, dejaron en claro que la Fiscalía General de la República tiene la facultad de atraer casos del fuero común, tal es el caso de las acusaciones que se le imputan al ex magistrado. Puntualizaron que la atracción se hizo porque los delitos no fueron investigados por la autoridad de Nayarit. 

Los federales mencionaron en el pleno, que la sociedad con justa razón calló y se silenció, y agregaron: “¿Cómo podían las víctimas alzar la mano y levantar la voz, si aquellos que se dicen representantes fueron los mismos que abusaron de ellos y obstaculizaron las investigaciones?, tanto es así, que tuvo que haber la intervención de un organismo internacional. El Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, estableció y emitió 47 acciones urgentes, ese es el motivo por el que la Fiscalía General de la República, atrajo diversos casos, y en el desarrollo de las investigaciones, se fueron destapando diferentes irregularidades al interior de la Fiscalía General del estado de Nayarit, mismas en las que se presume, fue partícipe el entonces director de investigaciones ministeriales, el licenciado Rodrigo Benítez Pérez, por ello lo llevaremos ante el plano jurisdiccional. Solicitamos la intervención de este honorable Congreso, para dar paso a este dictamen y al procedimiento de procedencia, aclarando que la competencia no radica en esta autoridad federal, pero los delitos que se presentan en la referida solicitud, aunque son del ámbito del fuero común, tuvieron que ser atraídos por la fiscalía federal al no haber sido justamente investigados”.

Por otra parte, informaron que no se les había notificado que hubiera algún amparo a favor de Rodrigo.

El ministerio público, Ricardo Flores Delgado, en su intervención, expresó: “Quiero retomar una frase que mencionó el servidor público, Rodrigo Benítez Pérez, cuando era funcionario de la Fiscalía general de justicia del estado de Nayarit: ‘Todo el peso de la ley contra los violentadores de mujeres’, como ya escuchamos, la violencia contra la mujer, también incluye la violencia sexual, y retomo la frase de Benito Juárez: ‘Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero con sus hechos lo traicionan’.

Los ministerios públicos federales solicitaron a los diputados y diputadas que atendieran la sed de justicia que la propia ciudadanía de Nayarit reclama a través de la fiscalía especial.

Los abogados, en el pleno, alegaron que los ministerios públicos debieron dar vista al Congreso de la Unión, pero se olvidan de la controversia que se generó en el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre el Congreso local de Tamaulipas y el Congreso de la Unión.

Al finalizar la sesión, se entrevistó al abogado de Rodrigo, Hermelindo Prieto, y éste, expresó: “Si se libra la orden de aprehensión, cuando se le vincule al ex magistrado, haremos valer todas las irregularidades detectadas en la carpeta de investigación”.

El abogado Cristian Andrés López Torres, consideró que tendrán éxito en cuanto a los procedimientos que se realizaron para desaforar al magistrado. Insistió que en los delitos de violación agravada y tráfico de influencias no se justifica la atracción de la justicia federal.

En ese punto, en su momento, los ministerios públicos federales, señalaron que, en el caso del delito de desaparición forzada, desde el 2019, la federación ejerció la atracción del caso. Y para el caso de los delitos de violación equiparada y tráfico de influencias, explicaron ampliamente que no se puede ser juez y parte, por eso, intervino el gobierno federal para que se aplique la justicia que le fue negada a las víctimas.

Hicieron hincapié que los delitos que se le imputan a Rodrigo, son del fuero común que fueron atraídos por la FGR facultada para perseguir los delitos del fuero común, por ello, no procede que sea el Congreso de la Unión el que haga el juicio de procedencia, esto le corresponde al Congreso del estado, y aún así, los diputados del PAN y de PRI no quisieron definir su voto a favor del desafuero.

Las acusaciones que se le hacen  a Rodrigo, abarcan los periodos en que gobernó el PRI, con Roberto Sandoval, y el PAN, con Antonio Echevarría García.

“Esta representación social busca traer justicia a esta sociedad nayarita que ha sido tan dañada y lastimada por aquellos, que deberían de defenderla, como es el caso del entonces director general de investigaciones ministeriales, quien aprovechó su cargo y función, para violentar derechos de sus protegidos”, expresó uno de los ministerios público federal en el pleno.