Muchos ex alcaldes de Nayarit, no han podido solventar ninguna observación, la mayoría resarcitorias, por presuntos desvìos de millones de pesos en contra del erario pùblico
Por: Arcelia García Ortega
Tepic, Nayarit; lunes, 03 de marzo del 2025.- La Auditoria Superior del Congreso del Estado (ASEN), Eulalia Salas García, presentó la auditoría 2023, a los 20 municipios, y muchos de los ex alcaldes, tesoreros y demás funcionarios, deberían de estar temblando porque no han encontrado la forma de aclarar más de 500 millones de pesos observados.
El diputado vicepresidente de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto de la XXXIV Legislatura, Adahán Casas Rivas, aunque reconoció que normalmente cada año cambian las normas y en el desconocimiento, se cometen errores, no les exime de la responsabilidad.
“Y es alarmante porque hay municipios que traen el cien por ciento de las observaciones en obra pública, que, si no se solventa en los términos, puede ser resarcitorio y hay un municipio en específico que se le observaron más de 200 millones de pesos”, citó el diputado, refiriéndose al municipio de El Nayar.
Manifestó que sería muy grave que a funcionarios de las administraciones pasadas que su nivel económico es muy bajo, se le solicitara un resarcitorio de 200 millones de pesos y como no los tiene, el pago sería la cárcel.
Casa Rivas mencionó que hay administraciones municipales actuales, les niegan la información, como especie de cobro de factura política, y eso hace difícil solventar las observaciones.
Pidió a los gobiernos municipales den información de las administraciones salientes y no descartó que, para ello, se haga un exhorto.
Insistió que es una situación grave y aseguró que él recibió en el Congreso a algunos tesoreros que les negaron la información y ahora están en un proceso de embargo de bienes que no hicieron con dinero del erario público.
Casas Rivas hizo notar que la ASEN tiene hasta siete años para revisar las cuentas públicas, por ejemplo, de los trienios en turno, esta facultad se extendería hasta el 2034, para recomendar tener en regla toda la documentación sobre el gasto y las inversiones en obra pública.
Finalmente, no descartó que, en el futuro, se vea a muchos funcionarios tras las rejas al no poder cumplir con las observaciones.
