De espalda a los tepicenses la presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce avanza con la privatizaciòn del relleno sanitario “la Villita”
Por: José Agapito Robles/Censura!
Tepic, Nayarit; martes, 25 de marzo del 2025.- A espaldas de la ciudadanía y en plena crisis de manejo de residuos, el Ayuntamiento de Tepic, encabezado por María Geraldine Ponce Méndez, sigue adelante con la privatización del relleno sanitario La Villita. En una sesión de Cabildo realizada el pasado 14 de septiembre de 2024, en medio de un puente administrativo, se presentó el “Dictamen de viabilidad relativo al proyecto de asociación público-privada para la prestación de servicios de rehabilitación, mantenimiento y operación” de este relleno sanitario.
El dictamen, elaborado por Dimpa Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., concluye que el proyecto es viable en todos los aspectos, allanando el camino para su licitación pública y concesión por 25 años. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer bajo qué términos y con qué beneficios reales para la ciudadanía se justifica esta decisión.
Mientras el Gobierno Federal cancela contratos privados lesivos, el Ayuntamiento de Tepic insiste en entregar el manejo de los residuos sólidos a particulares, pese a los pésimos antecedentes de estas concesiones en otras ciudades. Además, la administración de Ponce Méndez ha demostrado una absoluta incapacidad en la gestión de la basura: el tiradero municipal El Iztete sigue en condiciones deplorables y no ha podido ser clausurado porque en tres años de gobierno no se concluyó la primera etapa de La Villita.
A esto se suma que el nuevo relleno sanitario fue construido con una evidente intención de fracaso: apenas 6 hectáreas (incumpliendo la NOM-083), a pesar de que Tepic genera 147 mil toneladas de residuos al año. Es decir, se diseñó para quedar obsoleto rápidamente y justificar su ampliación y privatización.
El Ayuntamiento capitalino no ha transparentado la información que respalda esta privatización, lo que deja muchas preguntas en el aire: ¿Qué empresa será la beneficiada? ¿Cuánto costará este contrato a los ciudadanos? ¿Por qué renunciar a una responsabilidad pública fundamental?
La sociedad merece respuestas antes de que se concrete otro negocio privado con recursos públicos.
