Washington D.C., EE.UU. — En una polémica decisión que ha generado repercusiones tanto dentro como fuera de Estados Unidos, el gobierno del expresidente Donald Trump deportó a ocho migrantes acusados de cometer crímenes extremadamente violentos, enviándolos a Sudán del Sur, a pesar de que solo uno de ellos es originario de ese país africano.
Entre los deportados se encuentra el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, quien enfrenta cadena perpetua por asesinato en segundo grado, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Muñoz Gutiérrez fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes de ser incluido en el vuelo de expulsión.
Además del mexicano, fueron deportadas personas originarias de Cuba, Laos, Myanmar y Vietnam. Todos ellos enfrentan condenas por delitos que incluyen asesinato y abuso sexual infantil. Las autoridades estadounidenses calificaron los crímenes como “barbaries” y afirmaron que ningún otro país estaba dispuesto a aceptarlos.
La deportación ha sido fuertemente cuestionada. Un juez federal en Massachusetts, Brian E. Murphy, advirtió que la acción violaba una orden judicial que exigía garantizar a los migrantes una “oportunidad significativa” para argumentar que su expulsión podría representar una amenaza para su vida o seguridad.
Sudán del Sur, un país sumido en conflictos armados y crisis humanitarias, también se opuso a recibir a los deportados, lo que ha intensificado el debate sobre la legalidad y la ética de estas expulsiones.
A pesar de estas objeciones, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que la administración actuó dentro del marco legal y que se notificó con antelación tanto a los migrantes como a sus abogados.
Este caso ha generado controversia sobre las políticas migratorias del gobierno de Trump y el tratamiento de personas condenadas por delitos graves que no pueden ser repatriadas a sus países de origen.
