Florida, EE.UU. – Migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención temporal conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, han denunciado condiciones infrahumanas que vulneran derechos básicos. Comida en mal estado, baños colapsados, calor extremo, falta de agua y un entorno plagado de mosquitos son solo algunas de las quejas expuestas por los detenidos, sus familiares y abogados.

El centro, construido apresuradamente sobre un antiguo aeródromo en una zona pantanosa, ha sido descrito por testigos como “inhabitable”. Las instalaciones están formadas por carpas improvisadas sin ventilación adecuada, con temperaturas que superan los 40°C y una humedad del 90%. Según varios testimonios, los generadores de energía fallan con frecuencia, dejando a los detenidos sin electricidad, agua ni aire acondicionado.

Uno de los casos más alarmantes es el de Vladimir Miranda, un migrante cubano con permiso de permanencia temporal que fue arrestado tras una audiencia migratoria. Su pareja, Eveling Ortiz, denunció que no ha podido bañarse ni contactar a un abogado. Situaciones similares han sido reportadas por el artista urbano Leamsy “La Figura” Izquierdo, detenido en Miami, y por la esposa de un migrante guatemalteco, quien afirmó que su esposo apenas recibe alimento y se encuentra rodeado de insectos.

Los abogados de los detenidos han calificado el trato como “el de ratas en un experimento”. Algunos reportan que sus clientes llevan días sin agua potable, sin acceso a productos de higiene, y que deben asearse usando baldes de construcción. La abogada Gina Fraga relató que su defendido pasó cinco días sin agua, mientras que el abogado Phillip Arroyo denunció la incomunicación prolongada de un beneficiario del programa DACA, arrestado tras una parada de tráfico.

Además, se han reportado violaciones a la libertad religiosa, tras la presunta confiscación de Biblias y la prohibición de orar, según la organización World Relief.

Pese a estas denuncias, las autoridades de Florida insisten en que las condiciones del centro “cumplen con todos los estándares requeridos”. Stephanie Hartman, portavoz de la División de Manejo de Emergencias estatal, aseguró en un comunicado que las acusaciones son “completamente falsas”.

El centro, con un presupuesto inicial de 450 millones de dólares, ha sobrepasado ya los 600 millones según documentos filtrados de FEMA. Fue promovido como una “solución temporal y eficiente” por el fiscal general James Uthmeier, quien lo bautizó como “Alcatraz caimán”.

El aislamiento del centro –rodeado de caimanes, pitones y en una zona vulnerable a huracanes– ha despertado preocupación entre activistas y funcionarios locales. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió acceso inmediato a las instalaciones, un plan de evacuación y un equipo de monitoreo semanal.

“Este lugar no es seguro para nadie”, concluyó el activista Thomas Kennedy tras intentar visitar el centro con un grupo de legisladores el 3 de julio. “Nos devoraron los mosquitos sin haber siquiera entrado. No se puede encerrar a seres humanos en estas condiciones”.