A más de 16 años de la tragedia en la Guardería ABC, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños informó sobre la detención de Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil, en el centro de detención de Eloy, Arizona, como resultado de una orden de reaprehensión emitida por autoridades mexicanas.
Por: Agencias
Hermosillo, Sonora; lunes, 04 de agosto del 2025.- La organización, integrada por familiares de los 49 niños fallecidos y más de 100 lesionados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención para asegurar la extradición de Téllez Nieves, quien cuenta con una sentencia definitiva por homicidio culposo, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política, como pretenden posicionarla sus abogados en Arizona”, afirmó Juana Luna Hernández, presidenta del colectivo, mediante una carta pública.
De acuerdo con el documento, la detención se realizó tras la activación de una ficha roja de Interpol. Sin embargo, el grupo denunció la falta de comunicación oficial por parte de autoridades mexicanas hacia las víctimas y sus representantes, lo cual calificaron como un “silencio altamente sospechoso”.
La tragedia de la Guardería ABC ocurrió cuando un incendio, presuntamente iniciado en una bodega contigua propiedad de la Secretaría de Hacienda estatal, se propagó a las instalaciones de la guardería subrogada al IMSS, dejando un saldo de 49 menores muertos y más de un centenar con lesiones graves y permanentes.
Desde entonces, el caso ha estado rodeado de acusaciones de encubrimiento e impunidad, dado que los propietarios de la estancia tenían vínculos con funcionarios de los tres niveles de gobierno durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Actualmente, abogados en Estados Unidos estarían promoviendo una solicitud de asilo político en favor de Téllez Nieves, alegando persecución por parte del Estado mexicano, lo que ha generado preocupación entre los colectivos de víctimas.
“Apelamos a la empatía y solidaridad de la presidenta Sheinbaum para que este crimen de Estado no quede impune”, indica la misiva, en la que también se exhorta a la Fiscalía General de la República a garantizar su extradición e ingreso al penal correspondiente.
Hasta el momento, ni el Gobierno de México ni la FGR han emitido declaraciones oficiales sobre la detención. Las familias de las víctimas reiteraron que mantendrán su exigencia de justicia, asegurando que no descansarán hasta que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
