Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar en el Caribe al anunciar el envío del crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino de ataque rápido USS Newport News, como parte de una nueva ofensiva contra las denominadas “organizaciones narcoterroristas” en la región. Esta acción eleva aún más la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, tras el reciente despliegue de buques de guerra cerca de Venezuela.
La llegada de estos dos buques está prevista para la próxima semana, y se suma al escuadrón anfibio ya enviado por la administración Trump, compuesto por el USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, además de unos 5,000 efectivos militares, incluidos 2,200 marines.
El gobierno estadounidense ha colocado la lucha contra los cárteles de la droga como una prioridad de su política de seguridad nacional. En ese marco, ha calificado a agrupaciones como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua como “organizaciones terroristas extranjeras”, y recientemente duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares.
Aunque el despliegue del USS Lake Erie, equipado con misiles guiados y avanzada tecnología de vigilancia, y del submarino USS Newport News, con gran capacidad ofensiva, tiene un claro valor simbólico, expertos militares afirman que su rol en operaciones antidrogas es limitado. Tradicionalmente, estas acciones han sido lideradas por la Guardia Costera, pero la actual estrategia militarizada marca un giro más agresivo en la política exterior de Washington.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que EE.UU. está dispuesto a utilizar “todos los elementos de su poder” para detener el flujo de narcóticos desde Venezuela, en un tono que refuerza el carácter confrontativo de la iniciativa.
La respuesta de Caracas fue inmediata. El presidente Nicolás Maduro anunció la movilización de 4.5 millones de milicianos, integrados en la Fuerza Armada Nacional, con el objetivo de “defender la soberanía ante las amenazas de Washington”. Además, el canciller Yván Gil rechazó las acusaciones de EE.UU., calificándolas como una “falta de credibilidad” y defendió la soberanía regional como único camino para una lucha efectiva contra el crimen.
El despliegue estadounidense se articula en dos frentes: por un lado, buques y escuadrones anfibios cerca de la costa venezolana; por otro, unidades de mayor alcance como el crucero y el submarino. Esta estrategia evidencia un enfoque militarizado del control de rutas ilícitas, en paralelo con la criminalización de actores políticos regionales.
Washington presenta esta operación como un esfuerzo disuasorio contra las redes de narcotráfico supuestamente vinculadas a Maduro, acusaciones que Caracas rechaza como parte de una política injerencista y de deslegitimación.
