La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión, con un respaldo mayoritario de 450 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.

Reforma clave: hasta 42 años de prisión por extorsión

La reforma avalada por el pleno de San Lázaro establece sanciones más severas para quienes cometan este delito. La penalidad base será de 15 a 25 años de prisión, además de una multa equivalente a 300 a 500 UMA.

Asimismo, el delito de extorsión se perseguirá de oficio, lo que implica que las autoridades podrán iniciar investigaciones sin necesidad de una denuncia previa.

Agravantes y penas máximas

Con la aprobación del decreto modificado, las penas podrán alcanzar hasta 42 años de cárcel en caso de que se actualice alguno de los 34 agravantes contemplados por la legislación, entre los que destacan:

  • Cobro de piso
  • Cuando las víctimas sean migrantes
  • Cuando las víctimas sean menores de edad

Sin reducción de penas para funcionarios

El pleno también decidió eliminar la propuesta de reducir penas a funcionarios públicos procesados por extorsión, manteniendo así los castigos elevados para servidores que participen en estas conductas.