La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general, el dictamen que expide una nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, tras más de seis horas de debate. La votación concluyó con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca establecer un nuevo marco legal para regular el uso del agua en procesos productivos, ordenar el régimen de concesiones y garantizar el acceso al recurso para toda la población. Morena, PT y PVEM defendieron que la propuesta respeta derechos adquiridos, combate el acaparamiento del agua y frena el mercado negro.
Por otro lado, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que el proyecto pretende dar al Gobierno un control político del recurso hídrico. La discusión en lo particular continuará hasta la madrugada del jueves e incluye 529 reservas y una lista de 154 oradores.
El dictamen establece que el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso del agua, definiendo las atribuciones de los tres órdenes de gobierno. Además, elimina el régimen de transmisión de derechos de agua entre particulares y determina que toda concesión que no se utilice para su fin autorizado deberá regresar a la Conagua, encargada de redistribuirla.
También se incorpora un catálogo de responsabilidades hídricas para concesionarios y asignatarios, así como la creación de un Registro Nacional del Agua, que busca fortalecer el control y la transparencia del sistema de concesiones.
Durante el debate, el diputado Marcelo de Jesús Torres (PAN) calificó la ley como “rígida, sospechosa y hostil”, afirmando que centraliza el control del agua y afecta a productores e industria. En contraste, la diputada Laura Ballesteros (MC) pidió atender la crisis hídrica que afecta a millones de personas y lamentó que, a su juicio, la reforma se utilice con fines políticos en lugar de resolver problemas estructurales.
