Una operación internacional coordinada entre el FBI, la Policía de Dubái y el Ministerio de Seguridad Pública de China derivó en la detención de al menos 276 personas y el desmantelamiento de nueve centros dedicados a fraudes de inversión en criptomonedas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los centros de estafa estaban dirigidos principalmente a ciudadanos estadounidenses, quienes habrían sufrido pérdidas millonarias. El operativo fue liderado por las autoridades de Dubái, donde se realizaron varias de las capturas.
Entre los detenidos se encuentran cuatro personas acusadas en el Distrito Sur de California por fraude electrónico y lavado de dinero: Thet Min Nyi, de origen birmano; así como Wiliang Awang, Andreas Chandra y Lisa Mariam, de nacionalidad indonesia. Dos sospechosos más permanecen prófugos. Nyi, Chandra y Mariam fueron arrestados en Dubái, mientras que Awang fue detenido por la Policía Real de Tailandia.
La investigación comenzó en 2025 en San Diego como parte de un grupo de trabajo de seguridad nacional. Según documentos judiciales, los implicados operaban o reclutaban personal para tres organizaciones: Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company. Estas estructuras utilizaban el esquema conocido como pig-butchering, en el que los estafadores generan confianza con las víctimas —a menudo mediante relaciones personales o románticas— para convencerlas de invertir en plataformas falsas.
Las autoridades señalaron que los acusados promovían el uso de criptomonedas y ayudaban a las víctimas a abrir cuentas controladas por la red criminal. Una vez realizados los depósitos, los fondos eran transferidos a cuentas personales de los operadores, dejando a las víctimas sin acceso a su dinero.
En marzo de 2026, un gran jurado presentó cargos formales contra Thet Min Nyi por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. En abril del mismo año, se sumaron acusaciones contra Awang, Chandra y Mariam por su participación en las actividades ilícitas.
El FBI informó que, hasta abril de 2026, se ha notificado a cerca de 9 mil posibles víctimas como parte de acciones preventivas. Las autoridades recordaron que los detenidos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal. Cada cargo podría implicar una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
