El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal por narcotráfico y delitos relacionados con armas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían participado en una conspiración para traficar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, utilizando sus cargos públicos a cambio de sobornos millonarios.
Entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega; el exvicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.
Según el documento judicial, los acusados habrían colaborado con la facción conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. La investigación señala que Rocha Moya habría resultado electo en 2021 tras presuntas acciones de intimidación y secuestro contra rivales políticos por parte de dicha organización.
A cambio, el gobernador habría ofrecido protección al grupo criminal, permitiéndole operar con impunidad en el estado. La acusación detalla que funcionarios filtraban información sobre operativos de seguridad, protegían cargamentos de droga y brindaban apoyo directo a actividades ilícitas.
Uno de los casos más graves es el de Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán, acusado además de participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en octubre de 2023.
Las autoridades estadounidenses también señalaron que algunos funcionarios recibían pagos mensuales por su colaboración. Por ejemplo, Castro Zaavedra habría recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales, mientras que Valenzuela Millán percibía cerca de 1,600 dólares para poner a la policía municipal al servicio del grupo criminal.
El caso quedó a cargo de la jueza federal Katherine Polk Failla. Todos los acusados se encuentran en México y, conforme a la ley, se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
Esta acusación forma parte de una serie de acciones legales iniciadas desde 2023 contra integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa, que ya suman más de 30 personas señaladas.
