Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación de 12 cargos contra cuatro personas señaladas de integrar una presunta red de tráfico ilegal de armas de fuego y narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa.
El principal acusado es Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, Texas. De acuerdo con la acusación, entre 2024 y 2026 habría mantenido contacto con un presunto integrante del Cártel de Sinaloa establecido en Chihuahua, México. Las autoridades sostienen que Hall facilitó armas de fuego, asistencia técnica y orientación para evadir a las fuerzas del orden de Estados Unidos, con conocimiento de que esa organización está designada por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera.
En el mismo caso fueron acusados Jesús Quezada Meza, de 30 años, ciudadano mexicano con domicilio en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años y residente de Utah. Ambos enfrentan cargos por conspiración para la compra de armas mediante prestanombres y tráfico de armas de fuego. Asimismo, Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo, fue imputada por presuntamente realizar declaraciones falsas en la documentación requerida para la adquisición de armas a comerciantes con licencia federal.
Según la acusación, Hall enfrenta cargos por conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación a Estados Unidos, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico, además de varios cargos relacionados con declaraciones falsas y conspiración para el tráfico de armamento.
En caso de ser declarado culpable, Hall podría recibir una pena máxima de cadena perpetua. Por su parte, Quezada Meza y Velásquez enfrentan penas de hasta 15 años de prisión, mientras que Townsend podría ser condenada a un máximo de cinco años de cárcel.
El juez federal Matthew J. Kacsmaryk programó el inicio del juicio con jurado para el 24 de agosto de 2026 y fijó el 3 de agosto como fecha límite para la presentación de mociones previas.
Al anunciar la acusación, el fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, señaló que “cada arma traficada desde Estados Unidos a un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar comunidades, asegurar operaciones de narcotráfico, incurrir en corrupción y cometer robo internacional de combustible”, al destacar el impacto que el tráfico ilegal de armas tiene en la violencia transfronteriza
