La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto para fortalecer la transparencia gubernamental y garantizar un mayor acceso de la ciudadanía a la información pública, con el objetivo de evitar que la reserva de documentos relacionados con seguridad nacional o asuntos en litigio quede a discreción de los funcionarios.
Durante su conferencia matutina, la mandataria anunció que, al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso, enviará una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia para incorporar las disposiciones del decreto a la legislación vigente.
Sheinbaum explicó que la normativa actual permite que funcionarios determinen qué información puede hacerse pública, particularmente en temas de seguridad nacional o procedimientos judiciales y administrativos. Con el nuevo decreto, esa facultad dejará de depender del criterio de servidores públicos, incluidos titulares de dependencias, áreas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por su parte, la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, señaló que la medida busca fortalecer el principio de máxima publicidad, promoviendo la difusión de información gubernamental más allá de las obligaciones legales.
Indicó que el decreto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, contempla acciones en cuatro ejes principales: contrataciones públicas; transparencia en las filiales de Pemex y CFE; fiscalizaciones y auditorías; e invitación a estados, municipios y otros poderes para sumarse a la política de máxima publicidad.
Entre las principales disposiciones destaca que los contratos públicos, incluidos los de Pemex y CFE, deberán publicarse mensualmente, en lugar de hacerlo de manera trimestral. Asimismo, se simplificarán las 173 causales de reserva de información para reducirlas únicamente a los casos relacionados con seguridad nacional y asuntos que se encuentren bajo litigio.
En estos últimos supuestos, las autoridades deberán poner a disposición de la ciudadanía versiones públicas de los documentos, con el propósito de mantener el acceso a la información sin comprometer los aspectos legalmente protegidos.
