Así lo informó Francisco Avilés Valencia, dirigente de la organización, quién acompañado por Carlos Moncayo, dirigente de Sitranay, explicó que la situación se descubrió en febrero, cuando recibieron un requerimiento de la autoridad municipal para el pago del impuesto predial.
Por: Mildra Benítez Robledo
Tepic, Nayarit; martes, 29 de septiembre del 2026.- Transpornay interpuso una denuncia penal contra el ex dirigente transportista, Carlos Saldate, por presuntos delitos de despojo, fraude y asociación delictuosa, además de los que resulten, luego de detectar que las instalaciones utilizadas por los transportistas fueron registradas a nombre de su empresa, proceso que se realizó por parte de una notaría, cuyo titular se encuentra actualmente en la cárcel.
Al revisar la documentación, los integrantes de la organización encontraron que el inmueble ya no aparecía a nombre de quien históricamente había figurado como propietario, sino de una empresa transportista vinculada, según sus declaraciones, a Saldate y sus familiares.
De acuerdo con los dirigentes, el cambio de titularidad presuntamente se habría realizado mediante el uso de un poder otorgado por antiguos integrantes de la organización y tras el fallecimiento de uno de los socios que figuraba en la documentación, el poder habría quedado en manos de otra persona y presuntamente fue utilizado para realizar los trámites de cambio de propietario, situación que ahora deberá esclarecer la autoridad ministerial.
Moncayo, sostuvo que el edificio fue construido con las aportaciones de los transportistas y que durante aproximadamente cuatro décadas había permanecido vinculado a la organización por ello, consideró que el cambio de titularidad representa un riesgo para el patrimonio colectivo de los socios. También cuestionó cómo pudo realizarse el trámite Carlos Saldate está privadas de la libertad.
Los representantes del sector señalaron que la Fiscalía General del Estado intervino para inmovilizar el inmueble e impedir nuevos movimientos de dominio mientras se desarrollan las investigaciones. Aclararon que esta medida no significa que los talleres y las actividades de los transportistas hayan dejado de operar, pues los socios continúan trabajando con normalidad en las instalaciones.
Finalmente, Avilés Valencia y Moncayo reconocieron la intervención de las autoridades estatales y señalaron que esperan que la investigación determine si los trámites se realizaron conforme a derecho y deslinde las responsabilidades correspondientes. Reiteraron que la denuncia busca proteger el patrimonio de los transportistas y evitar que el inmueble sea transferido o utilizado en perjuicio de los integrantes de la organización.
