Puerto Aventuras, Quintana Roo.— La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumplimentó una orden de aprehensión contra Gilberto Gómez Martínez, alcalde de Puerto Aventuras por Morena, así como contra dos de sus colaboradores, por su probable participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de la localidad.
Junto con el edil fueron detenidos su sobrino, Jorge “N”, y Karla Paola “N”, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico municipal. Los tres fueron puestos a disposición de un Juez de Control para el seguimiento del proceso legal correspondiente.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos comenzaron a principios de año, cuando personal de la alcaldía acudió a un establecimiento comercial de la colonia Puerto Maya para exigir al propietario que regularizara su situación ante las autoridades municipales.
El 19 de enero, el comerciante acudió a las oficinas municipales, donde Karla Paola “N” le habría solicitado un pago por un trámite gratuito, bajo la amenaza de decomisar su mercancía e impedirle continuar con sus actividades comerciales si no cumplía con la exigencia.
Posteriormente, el 6 de febrero, seis personas llegaron al negocio a bordo de dos mototaxis. Entre ellas se encontraba Jorge “N”, quien presuntamente amenazó al comerciante con ejercer violencia física si los vendedores de la zona no se reportaban, argumentando que actuaba por instrucciones del alcalde.
Ante las amenazas, el afectado acudió el 11 de febrero a realizar el pago exigido a la funcionaria municipal, quien presuntamente le aseguró que el documento entregado le brindaría protección durante la administración de Gilberto Gómez Martínez.
Sin embargo, el 7 de mayo, Jorge “N” regresó al establecimiento para exigir una cuota semanal adicional. Según la carpeta de investigación, amenazó al comerciante con quitarle el local si no entregaba el dinero y afirmó que él y su tío imponían las reglas en la zona.
Tras reunir los elementos de prueba relacionados con el presunto cobro de cuotas y las amenazas, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, que fue autorizada por un Juez de Control y ejecutada por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión.
Las autoridades continúan con el procedimiento judicial para determinar la situación legal de los tres detenidos, quienes deberán ser considerados inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad competente.
