El origen de este proceso, explicó que fue una impugnación contra la legislación estatal en materia de pensiones, por lo que la Suprema Corte emitió una resolución en la que ordenó al Congreso realizar cambios específicos para corregir algunas disposiciones.
Por: Mildra Benítez Robledo
Tepic, Nayarit; jueves, 19 de Noviembre del 2026.- Tras la aprobación en Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado sobre las modificaciones a la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de los Trabajadores y las Trabajadoras de Nayarit, ordenadas semanas atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el diputado, Rodolfo Pedroza, consideró que las adecuaciones planteadas son insuficientes, pues no atienden completamente los criterios establecidos por el máximo tribunal del país.
El problema, señaló Pedroza, es que las correcciones realizadas no se apegan completamente a lo que ordenó la Corte, ejemplo de ello, es una disposición que limita las opciones de los trabajadores que ingresaron al servicio público a partir del 17 de marzo de 2023, quienes, bajo el esquema planteado, serían incorporados directamente al sistema de cuentas individuales, sin tener la posibilidad de elegir el fondo al que desean adherirse.
El legislador, explicó que precisamente uno de los aspectos que deben revisarse es la libertad de los trabajadores para decidir a qué fondo de ahorro para el retiro quieren incorporarse, una condición que, desde su perspectiva, no queda garantizada con las modificaciones aprobadas en comisiones, esto significa que, aunque el Congreso está atendiendo el procedimiento solicitado por la Suprema Corte, el contenido de los cambios todavía podría dejar sin resolver uno de los puntos centrales de la controversia.
Ante ello, advirtió que si el dictamen se aprueba posteriormente en el pleno y se envía al Ejecutivo para su publicación sin corregir esas inconsistencias, podría generarse nuevamente un problema jurídico, debido a que la legislación seguiría sin cumplir plenamente con lo establecido por la Suprema Corte. Aunque no precisó cuántos trabajadores se encuentran en esta situación, indicó que serían aquellos que ingresaron al servicio público a partir de la fecha señalada, quienes quedarían sujetos a condiciones distintas de los trabajadores que comenzaron a laborar con anterioridad.
Por esta razón, dijo que votó en contra del dictamen durante su análisis en comisiones, al considerar que las modificaciones no resuelven de fondo las observaciones judiciales, pese a que el Congreso debe garantizar que los cambios a la ley respeten lo ordenado por la Suprema Corte, pues de lo contrario se corre el riesgo de mantener la incertidumbre jurídica sobre el esquema de ahorro y retiro de los trabajadores del Estado.







