Las familias serranas continúan huyendo de sus hogares debido a la creciente violencia que no cesa en este remoto municipio de la sierra de Nayarit. Según algunas fuentes, ya son seis los pueblos que han quedado completamente abandonados

Por Javier Rojo Fregoso

Huijicori, Nayarit; lunes, 24 de febrero del 2025.- Cientos de pobladores de Huajicori siguen sufriendo una ola de violencia que se ha prolongado por varios meses, dejando un rastro de muerte y dolor en numerosos hogares. Los enfrentamientos entre grupos delictivos, identificados como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), han convertido a la región en un campo de batalla por el control de la “plaza”.

A pesar de los esfuerzos de las fuerzas federales, como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que han destruido grandes extensiones de plantaciones ilegales de marihuana, la lucha entre estos grupos no se detiene. Todos los días se registran nuevos actos de violencia, detenciones y asesinatos de pobladores inocentes. Incluso algunos regidores del Ayuntamiento han sido víctimas de esta ola delictiva.

El actual presidente municipal, Sergio Rangel Cervantes, de Morena, enfrenta severas críticas por parte de los ciudadanos. Se le acusa de haberse otorgado un salario mensual de 200 mil pesos, mientras que la mayoría de los habitantes apenas tiene recursos para sobrevivir. La situación en las comunidades es crítica, con familias que padecen hambre y exigen la intervención del gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, para recibir ayuda y apoyo gubernamental.

Las pocas comunidades aún habitadas, como la cabecera municipal de Huajicori, Mesa de los Ricos, Tochichilpan, Cucharas, Huamúchil y Quiviquesta, han sido escenario de brutales ataques, incluyendo decapitaciones. Los habitantes viven con miedo, refugiándose en sus casas o en los cerros, mientras los criminales continúan imponiendo su ley.

Además, se cuestiona la gestión del presidente municipal, pues no ha logrado ejecutar ninguna obra pública significativa, a pesar de contar con un presupuesto anual de aproximadamente 20 millones de pesos. Se espera que, al término de su administración, rinda cuentas claras sobre el destino de estos recursos, que, según denuncias ciudadanas, desaparecen antes de ser invertidos en beneficio de la comunidad.