Varias organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos presentaron este martes una demanda federal contra el Gobierno del expresidente Donald Trump con el fin de obligarlo a divulgar la “justificación legal” detrás de una serie de ataques a lanchas en aguas internacionales que, desde septiembre, han dejado al menos 87 personas muertas.
La querella fue interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su filial neoyorquina (NYCLU) ante la corte del distrito sur de Nueva York. Las organizaciones actuaron luego de que la administración Trump no respondiera a una solicitud de información presentada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).
La acción judicial busca revelar una opinión legal elaborada por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia, la cual, según informes de prensa, avalaría los ataques como actos legales en el marco de un supuesto “conflicto armado” contra “carteles de la droga” no especificados. De acuerdo con los demandantes, este documento podría incluso servir para blindar de responsabilidades penales a los funcionarios involucrados en las operaciones, que de otro modo podrían ser consideradas homicidios.
Aunque el Gobierno de Trump ha rechazado publicar la opinión de la OLC, a mediados de noviembre permitió que miembros del Congreso y sus asesores la leyeran, generando preocupación entre algunos legisladores.
Desde el 2 de septiembre, la administración llevó a cabo al menos 22 ataques contra embarcaciones en aguas del mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcoterrorismo. Estas acciones también han contribuido a una creciente tensión con Venezuela, país cercano a la zona de operaciones.
Los grupos demandantes insistieron en que el público tiene derecho a conocer los fundamentos legales de estas acciones militares y criticaron lo que calificaron como una falta de transparencia por parte del Gobierno. “Afirmar que estos ataques son legales sin mostrar la base jurídica demuestra el desdén de Trump por la transparencia, los derechos humanos y el imperio de la ley”, señalaron.
