La actriz y cantante Sandra Echeverría se encuentra en medio de una nueva controversia legal, luego de que la fundadora de la firma de inversiones Metaexchange Capital, Nazaret “N”, presentara una denuncia en su contra por el presunto delito de extorsión.
El caso, que inicialmente surgió como una denuncia pública por un supuesto fraude financiero, ha dado un giro significativo. A inicios de año, Echeverría, junto con cientos de inversionistas, acusó a la empresa de incumplir con el pago de rendimientos y la devolución de capital, lo que habría afectado a más de mil personas con un daño estimado superior a los 2 mil millones de pesos.
En ese contexto, la empresaria fue detenida recientemente por la Fiscalía de la Ciudad de México en un inmueble ubicado en la colonia Polanco, como parte de las investigaciones por el presunto fraude.
No obstante, tras su captura, Nazaret “N” cambió la narrativa del caso. A través de su equipo legal, aseguró que ha sido víctima de una campaña de presión encabezada por la actriz. Según su denuncia, Sandra Echeverría habría utilizado su influencia mediática y redes sociales para exigir el pago preferencial de su inversión, bajo la amenaza de continuar con acciones legales y el desprestigio público de la empresa.
La defensa de la fundadora sostiene que estas acciones podrían constituir extorsión, al buscar obtener beneficios fuera de los canales legales establecidos, lo que además habría afectado la operación de la compañía y la seguridad de sus directivos.
Mientras tanto, la investigación por fraude contra Metaexchange Capital continúa en curso. Las autoridades capitalinas analizan si la empresa operaba bajo un esquema piramidal disfrazado de inversiones en mercados internacionales, además de su posible falta de regulación ante organismos financieros mexicanos. Hasta ahora, se han presentado más de 120 denuncias formales.
Por su parte, Sandra Echeverría ha reiterado en redes sociales que se considera víctima y expresó su satisfacción porque, según sus palabras, “finalmente se está haciendo justicia”.
El caso queda ahora en manos del Poder Judicial de la Ciudad de México, que deberá determinar la validez de ambas acusaciones: la de los inversionistas por el presunto fraude millonario y la de la empresaria por la supuesta extorsión.
