Adán González Ochoa, ‘El Azul’, está acusado de delincuencia organizada y otros delitos.

Un juez de procesos sentenció a 29 años de prisión a Adán González Ochoa, sucesor de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, dentro del grupo delictivo Cártel Santa Rosa de Lima, y a 19 años a Israel Martín Arvizu Cervantes por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), en su fiscalía federal en el Estado de Guanajuato el 15 de octubre de 2020, la FGR inició carpeta de investigación en contra de González Ochoa y Arvizu Cervantes por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud por posesión de metanfetamina con fines de comercio, con motivo de la incompetencia declinada por el similar del fuero común.

Cabe señalar que el 14 de octubre de 2020, elementos de la Agencia de Investigación Criminal estatal observaron que dos personas abordaban un vehículo sin placas de circulación por lo que los representantes de la autoridad iniciaron una persecución y al darles alcance revisaron el automóvil.

En el lugar, detuvieron a Adán González Ochoa Adán e Israel Martín Arvizu Cervantes, y aseguraron un arma de fuego larga, tres teléfonos celulares, una bolsa de plástico que contenía aproximadamente 239.2 gramos de metanfetamina y un vehículo.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) demostró en juicio oral que los procesados pertenecen a una organización criminal dedicada a cometer delitos bajo la perspectiva de la delincuencia organizada.

Derivado de lo anterior, el juez de la causa dictó sentencia condenatoria de 29 años de prisión en contra de Adán González Ochoa y multa de 700 Unidades de Medida y Actualización y de 19 años y 450 Unidades de Medida para Israel Martín Arvizu Cervantes; además, se suspendieron los derechos políticos y civiles de los sentenciados y se decretó el decomiso de los objetos de delito asegurados.

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