Desde su regreso al poder en 2025, Donald Trump ha transformado la presidencia de Estados Unidos en una maquinaria personal de enriquecimiento, desdibujando los límites entre lo público y lo privado como ningún otro mandatario en la historia del país.
Trump, el presidente estadounidense que más se ha enriquecido durante sus mandatos, ha tejido una red de negocios que involucran a su familia, criptomonedas, donaciones extranjeras y acuerdos institucionales opacos. Según estimaciones, su fortuna ha crecido en más de mil millones de dólares desde que volvió a la Casa Blanca.
Uno de los episodios más llamativos fue una cena en Mar-a-Lago, donde se gestó la financiación de una película promocional sobre Melania Trump. El patrocinador fue el magnate Jeff Bezos, y el resultado: 28 millones de dólares a favor de la exprimera dama.
A esto se suma el lanzamiento de la criptomoneda $TRUMP, que ha generado más de 320 millones de dólares en comisiones, y la apertura del club exclusivo Executive Branch, cuya membresía cuesta medio millón de dólares. Mientras tanto, los hijos del presidente, Donald Jr. y Eric Trump, han encabezado negociaciones internacionales, incluyendo un acuerdo por 2 mil millones de dólares con Emiratos Árabes Unidos, vinculado a una empresa cripto familiar.
El entorno de Trump ha aprovechado las lagunas legales que permiten que el presidente esté exento de las normas federales sobre conflictos de interés. La falta de fiscalización ha sido clave para que estas actividades continúen sin consecuencias legales.
Otro evento polémico fue el regalo de un jet de lujo por parte del gobierno de Catar, valorado en 200 millones de dólares, supuestamente destinado a la futura biblioteca presidencial. Según Pam Bondi, exasesora de Catar y actual fiscal general, el regalo fue legal, pero generó fuertes cuestionamientos éticos. Incluso figuras como Elon Musk, cuyo colaborador cercano fue nombrado por Trump como administrador de la NASA, han sido señaladas por posibles conflictos de interés.
Mientras tanto, la administración ha desmantelado mecanismos de control interno como los inspectores generales y ha cerrado canales de rendición de cuentas. El Departamento de Justicia y el Congreso, dominados por aliados del presidente, han bloqueado cualquier intento de investigación.
A pesar del blindaje institucional, una encuesta de Harvard/CAPS Harris revela que el 62% de los estadounidenses considera éticamente inaceptable el regalo catarí. Incluso voces conservadoras como Ben Shapiro y Tucker Carlson han expresado su preocupación. El senador demócrata Chris Murphy ha denunciado lo que califica como “corrupción descarada”, aunque reconoce que no habrá consecuencias mientras Trump conserve el control institucional.
“Lo de Trump no tiene precedentes”, afirma Michael Johnston, experto en corrupción. “Representa un desprecio total por las normas éticas que han guiado a la presidencia durante generaciones”.
